El acto por el aniversario del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que se realizó este martes en Sucre, fue el escenario donde sus autoridades defendieron la continuidad en sus cargos como magistrados frente a las acusaciones de prórroga.

Tanto el decano del TSJ como su presidente reivindicaron la continuidad del servicio de justicia, en un contexto donde políticos de la oposición y el “evismo” los critican por ejercer el cargo de manera prorrogada por encima de su mandato que fenecía en enero.

“La alusión mediática de prórroga que martilla el quehacer de este Tribunal, pretendiendo erosionar la confianza ciudadana, se diluye frente al trabajo responsable y oportuno que se cumple por Sala Plena y salas especializadas”, manifestó el presidente del TSJ, Marco Jaimes.

“Hemos sido elegidos a través de una elección popular y hemos cumplido de manera legítima nuestra labor. Y que lo seguimos haciendo en el presente, a través de la Declaración Constitucional que es sobre todo un mandato que nos obliga a estar trabajando de manera disciplinada y responsable en esta institución, y lo haremos hasta el último momento que nos toque permanecer”, señaló a su turno el decano Juan Carlos Berríos.

Jaimes manifestó que “sólo imaginar un máximo tribunal sin sus jueces sería desarmonizar la institucionalidad constitucional”, con consecuencias directas en los bolivianos que esperan resolución de sus conflictos jurídicos.

“Los efectos negativos de ese vacío no se tendrían que medir bajo el prisma del interés político, sino bajo el baremo de la afectación de los derechos y garantías ciudadanas, en consideración al sacrificio de la población que acude a un juzgado a exigir justicia”, agregó.

Las elecciones judiciales debieron llevarse adelante en 2023, pero en la Asamblea se paralizó el proceso de preselección debido a múltiples acciones judiciales y falta de acuerdo parlamentario.

En este marco, los opositores y “evistas” acusan a los magistrados de actuar junto al Gobierno para mantenerse en el cargo en una relación clientelar, obstaculizando las elecciones. En tanto, los “arcistas” culpan a la propia Asamblea de errores jurídicos que impidieron avanzar con la preselección.