Podría parecer laudatoria y hasta aprobatoria la aseveración de que un gobierno de corte dictatorial es la solución para los múltiples problemas que atingen a nuestra nación, ya que, al copar discrecionalmente todos los poderes de la nación, hace, deshace, pone, dispone y administra a su libre albedrío todo lo que le viene en gana, sin necesidad de echar mano a las incómodas consultas a que está obligado por la Constitución Política del Estado.

Es el caso del terco comportamiento gubernamental contra el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (Tipnis), cuyos pobladores y el país en general, se oponen, desde hace más de una década, a la construcción de una carretera que atraviese esa reserva y, observando que no se despoje de sus tierras a los pueblos originarios, éstas sean convertidas en una nueva superficie de siembra cocalera.

Por invitación expresa del Consejo Indígena del Sur (Conisur) y en busca de una justicia imparcial ante sus reclamos, sobre los abusos y atropellos que vienen soportando por parte de colonos cocaleros (que eufemísticamente se hacen llamar interculturales), como ser la construcción de puentes; el avance ilícito de la vía, y la pérdida masiva de la biodiversidad, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza se hizo presente en la zona, a la cabeza de su representante ecuatoriano, Alberto Acosta, quien en compañía de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Bolivia, visitaron el lugar.

Sin embargo, la noble intención de estos comisionados fue abruptamente frenada en su ingreso al Polígono 7, por un arbitrario bloqueo que no les permitió ni siquiera hacer uso de sus teléfonos celulares, grabadoras o máquinas fotográficas, deteniéndolos por cerca de seis horas y obstruyendo su salida del lugar.

La vicepresidenta de la subcentral Tipnis, Cecilia Moyoviri, en declaraciones a los medios, aclaró que las comunidades de Trinidadcito fueron las primeras en recibir a la delegación del Tribunal para contar sus testimonios y reclamos, pero no acompañaron a la comisión, para evitar enfrentamientos con los colonos, sin embargo, lamentó que pese a eso no se haya dejado trabajar a la organización.

Asimismo, la dirigente indígena remarcó que, con la retención que sufrieron los miembros del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en el Polígono 7, se pudo comprobar manifiestamente los atropellos que sufren las comunidades indígenas y la reserva natural.

El epílogo de este lamentable episodio fue una reunión entre los miembros del Tribunal y el Ministro de Gobierno, cuyos resultados eran previsibles. Por una parte, el ministro negó cualquier estatus oficial al Tribunal, calificándolo de ser una red de Organizaciones No Gubernamentales que: “tienen mucho que aprender del proceso boliviano, que es vanguardista a nivel del mundo en materia de reconocimiento y efectivización de derechos de los pueblos indígenas”.

Por su parte, este organismo reivindicó su calidad de instancia defensora de los derechos de la naturaleza y se encuentra preparando un informe, cuyo tenor no es difícil de avizorar. Lo que sí es evidente, es que otra vez, el Tipnis dijo No.