Página Siete y Opinión
La comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza “escuchó” sobre al menos cuatro casos emblemáticos relacionados con posibles daños a la Madre Tierra. Las causas son: las hidroeléctricas El Bala–Chepete (La Paz) y Rositas (Santa Cruz); la exploración y explotación de hidrocarburos en Tariquía (Tarija) y el Tráfico y matanza de jaguares en la Amazonia.
“Nosotros no vamos a deliberar, esto no es un juicio en este momento; nosotros estamos escuchando...”, explicó Enrique Viale, integrante de la comisión, cuando fue consultado por los periodistas si la delegación emitiría un fallo sobre aquellos problemas. Además de ese especialista, también forman parte de la delegación la estadounidense Shannon Biggs y el ecuatoriano Alberto Acosta.

Viale dijo que en el marco de la visita a Bolivia, “compañeros que colaboraron” en la llegada del equipo les propusieron “escuchar” sobre aquellos casos, algo a lo que los integrantes de la comisión accedieron. “Hemos aceptado escuchar distintas problemáticas socioambientales que hay en Bolivia”, insistió.
Domingo Ocampo y Rosario Barradas expusieron los conflictos en torno a las hidroeléctricas El Bala-Chepete en La Paz. “El área de inundación de ambas represas sería de 771 kilómetros cuadrados de territorio amazónico y afectaría a dos parques nacionales (Madidi y Pilón Lajas), así como a seis territorios de naciones y pueblos indígenas (mosetén, leco, tacana, tchimán, uchupiamona y esse ejja). El área de inundación sería equivalente a cinco veces la mancha urbana de la ciudad de La Paz”, se lee en una nota de prensa que se envió a los medios.

La hidroeléctrica Rositas en Santa Cruz, según los expositores del caso, causaría similares problemas que la anterior.

“El área de inundación de la represa abarcaría 449 kilómetros cuadrados y compromete una región biodiversa de tres áreas protegidas: el Área de Manejo Integrado ANMI Río Grande-Valles Cruceños, el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado ANMI Serranía del Iñao, así como el Área Protegida Municipal Parabanó. Asimismo, serían inundadas 20 áreas campesinas y del pueblo guaraní, que se niegan a ser relocalizados”, se lee en el comunicado.

Un grupo de indígenas también entregaron su petitorio al Tribunal. Denunciaron que, como con otros proyectos, no hubo consulta previa en sus poblaciones.

Otro grupo de originarios se quejaron por la exploración y explotación de hidrocarburos en Tariquía, Tarija. Expusieron que la Reserva Nacional de Fauna y Flora Tariquía es amenazada por contratos petroleros y trabajos de exploración que ponen en riesgo la estabilidad ecológica. Además, manifestaron que la actividad representa un riesgo para las familias y comunidades.

Francisco Romero afirmó que las actividades apuntarían a la desaparición del área. “Es como si me quitaran el corazón y me pedirían que corra vivo. Por eso, queremos luchar entre todos para que esto no se dé y se conserven los sitios naturales que son únicos en el país y el mundo”, dijo.

Otro caso que se presentó ante la comisión fue el referido al tráfico y matanza de jaguares en la Amazonia. Hasta 2014, las principales amenazas contra el jaguar eran la agroindustria, ganadería extensiva y la deforestación. Pero, aquel año se detectó, por primera vez, el envío de colmillos, vía correo, hacia China.

La presidenta del colegio de Biólogos de La Paz, Ángela Núñez, informó que desde entonces hasta la fecha se registraron 640 colmillos decomisados. Las zonas más afectadas están en el departamento de Beni.

“Hay procesos iniciados, pero lastimosamente las penas son mínimas para estos traficantes (…). Apenas tres han llegado a una sentencia ejecutoriada y les dieron tres años. De acuerdo con nuestra norma no ingresan a la cárcel”, indicó.