En ocasión del Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, organizaciones de mujeres, jóvenes, periodistas y expertos en la realidad de pueblos indígena originario campesinos presentaron propuestas al Tribunal Supremo Electoral para mejorar las condiciones de su participación en procesos electorales.

Las principales propuestas se refieren al cumplimiento de la postulación de binomios paritarios en la candidatura presidencial, a la designación de representantes indígena originario campesinos conforme a sus procedimientos propios y sin dependencia partidaria, a la obligatoriedad de asistir a debates presidenciales, al levantamiento de restricciones para el levantamiento de encuestas y al establecimiento de cuotas generacionales para garantizar la elección de jóvenes, entre otros planteamientos, según una nota de prensa de la alianza Observación Ciudadana para la Democracia (OCD).

En junio pasado, después de un proceso de sensibilización de más de un año sobre la importancia de la implementación de las recomendaciones de las observaciones electorales nacional e internacional para lograr elecciones más libres, justas y transparentes, la Fundación Jubileo y la Alianza OCD, con apoyo de la cooperación alemana, llevaron a cabo mesas técnicas con representantes de organizaciones de la sociedad civil para trabajar propuestas que respeten el ejercicio de los derechos civiles y políticos de mujeres, jóvenes, periodistas y pueblos indígenas.

La entrega de las propuestas al TSE tiene el propósito de poner en su consideración las siguientes iniciativas ciudadanas, antes de la convocatoria a elecciones generales:

Participación política de mujeres: Todas las organizaciones políticas —y sus alianzas– aspirantes a la presidencia del Gobierno central, a partir de las Elecciones Generales 2025, deben estar obligadas a postular binomios presidenciales paritarios, en cumplimiento de la Constitución Política del Estado (art. 26.I). 

Participación política de indígenas: Las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios Campesinos (NPIOC) de las circunscripciones especiales, en sus propios territorios, deben poder elegir a sus representantes por normas y procedimientos propios, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (art. 11.II.3), para no estar sometidos a las decisiones orgánicas de partidos políticos ni ser instrumentalizados por estos.

Fortalecimiento del trabajo periodístico: Disponer la obligatoriedad de realizar debates presidenciales; la necesidad de reformar el reglamento de elaboración de encuestas, considerado como limitativo, autoritario, verticalista y que afecta a la libertad de expresión y de prensa; la necesidad de un “silencio informativo” para que autoridades que postulan no realicen actos de campaña electoral como actividades de su gestión; la exigencia de combatir la desinformación y de avanzar en la alfabetización digital; la obligación de realizar campañas de información y de educación en las lenguas nativas, y la presentación de propuestas electorales en un formato comprensible y resumido.

Participación política de jóvenes: Implementar una cuota generacional obligatoria de 20% en cargos titulares y 30% en suplentes; desarrollar programas de educación cívica y electoral en todos los niveles educativos; mejorar el acceso a la información sobre los programas de gobierno de las organizaciones políticas y facilitar la acreditación de misiones jóvenes de observación electoral. Las iniciativas se implementarían mediante cuotas obligatorias en listas de candidatos, programas educativos colaborativos, difusión digital de información y simplificación de requisitos para observadores.

Las recomendaciones de las mesas técnicas están contempladas en los informes de las misiones de observación electoral de la Unión Europea, Organización de Estados Americanos y Centro Carter, como instancias internacionales; así como por la Alianza Observación Ciudadana de la Democracia, como instancia nacional, entre otros, que estuvieron presentes en los procesos electorales de 2020 y 2021, y fueron recibidas por el organismo electoral en el marco del Reglamento de Acompañamiento Electoral y de los acuerdos y tratados internacionales.