Las Judiciales, nuevamente en la incertidumbre. Esto, después de conocerse que una Sala Constitucional del Beni dispusiera, presuntamente, una multa por 5.000  bolivianos por día que se continúe con el proceso de preselección, además del congelamiento de cuentas de los legisladores que integran la Comisión Mixta de Constitución.

El presidente de esa instancia legislativa, el senador Miguel Rejas, declaró cuarto intermedio en la sesión “hasta nuevo aviso” ante la falta de apoyo de los integrantes de la comisión en dar continuidad al trabajo.

Ayer debían desarrollarse las evaluaciones orales a los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin embargo, una medida cautelar, emitida por el vocal Charles Mejía ordenó su paralización.

Pese a ello, la comisión determinó inicialmente continuar el proceso, pero luego conocieron mediante mensajes de la Secretaría de la Sala Constitucional del Beni sobre la multa y el congelamiento de cuentas de los legisladores por no haber cumplido con la determinación judicial.

Durante las intervenciones, los legisladores del oficialismo y oposición expresaron su rechazo a la paralización del proceso de preselección y, además, por las multas impuestas y que todavía no fueron notificadas formalmente.

El senador Rejas consideró como un hecho “inadmisible” la situación y cree que no existen garantías para continuar con los últimos pasos de las Judiciales.

La senadora “evista” del MAS Patricia Arce expresó su intención de continuar y no temer a las sanciones ya que consideró que no incurren en la ilegalidad.

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos cuestionó las sanciones y pidió que la presidencia de la Asamblea Legislativa pueda dar garantías para continuar.