Las elecciones judiciales nuevamente se encuentran en la incertidumbre después de conocerse que una Sala Constitucional del Beni habría dispuesto una multa por Bs 5.000 por día que se continúe con el proceso de preselección y además del congelamiento de cuentas de los legisladores que integran la Comisión Mixta de Constitución.

El senador Miguel Rejas, presidente de esa instancia legislativa, declaró cuarto intermedio en la sesión “hasta nuevo aviso” ante la falta de apoyo de los integrantes de la comisión en dar continuidad al trabajo.

Esta jornada debía desarrollarse las evaluaciones orales a los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin embargo, una medida cautelar, emitida por el vocal Charles Mejía, ordenó su paralización.

Pese a aquello, la comisión determinó inicialmente continuar el proceso pero luego conocieron, mediante mensajes de la Secretaria de la Sala Constitucional del Beni, sobre la multa económica y el congelamiento de cuentas de los legisladores por no haber cumplido con la determinación judicial.

Durante las intervenciones, los legisladores del oficialismo y oposición expresaron su rechazo a la paralización del proceso de preselección y además, por las multas impuestas y que todavía no fueron notificados formalmente.

Rejas consideró como un hecho “inadmisible” la situación y que no existen garantías para continuar con los últimos pasos de las elecciones judiciales.

La senadora “evista” del MAS, Patricia Arce, expresó su intención de continuar y no temer a las sanciones económicas ya que consideró que no se encuentra incurriendo en ninguna ilegalidad.

Mientras que la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, cuestionó las sanciones y pidió que la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional pueda darles las garantías para continuar.