La Sala Constitucional Segunda del Beni impuso este miércoles una multa de Bs 5.000 a cada miembro de la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, por incumplir una medida cautelar que solicitó uno de los postulantes inhabilitados en el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales.

“Sí, es una comunicación que nos mandó la oficial de diligencias de la Sala Constitucional del Beni, es una multa que se impuso a cada integrante de la Comisión Mixta de Constitución por incumplir una medida cautelar”, informó a la ANF el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Pablo Arizaga. 

La comisión instaló su sesión para continuar con el proceso de evaluación oral de los postulantes a magistrados al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), pero se declaró un cuarto intermedio porque fueron notificados con un nuevo recurso judicial interpuesto por Heidy Padilla Medina contra las dos comisiones mixtas del parlamento.

Al respecto, el presidente de la comisión mixta de Constitución, Miguel Rejas, señaló que fueron notificados por un mensaje vía WhatsApp y que la multa asignada por la Sala del Beni es por día que no se cumplió con esa medida. Además, señaló que se notificó a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) para el congelamiento de las cuentas de los parlamentarios. 

“A las seis menos diez de la tarde nos han notificado con un mensaje donde nos multan con 5.000 bolivianos a los integrantes de la comisión y se ha oficializado a la ASFI el congelamiento de las cuentas de cada miembro de la comisión, la multa es progresiva, es por día”, explicó. 

Desde marzo de 2023, cuando se emitió la primera convocatoria, los legisladores no pueden llevar a cabo el proceso de preselección de candidatos a magistrados, que se suspendió a causa de un recurso judicial y no se logró elegir a las nuevas autoridades judiciales. Hasta el momento en más de 10 ocasiones se paralizó el proceso debido a los amparos constitucionales. 

No hay garantías 

En ese contexto, Rejas consideró que no existen las garantías para continuar con el proceso de preselección de postulantes debido a ese tipo de imposturas y las amenazas contra su integridad física que recibieron. Puso a consideración de la comisión para definir si continúan o no con la fase de evaluación. 

“Lamentablemente con estas situaciones que truncan este proceso y nos amenazan de manera personal a cada miembro de las comisiones, no hay seguridad, no existe certeza y no hay las garantías necesarias para continuar con este proceso”, manifestó. 

Al respecto, la senadora de CC Andrea Barrientos rechazó esa disposición y advirtió que una sala constitucional está sometida a los legisladores, lo que imposibilita a continuar con ese proceso. 

“Rechazamos el amedrentamiento judicial impulsado por la Sala Constitucional Segunda del Beni, que nos notifica con multa de Bs 5000 diarios y congelamiento de nuestras cuentas. Estamos siendo sometidos a amenazas que imposibilitan que garanticemos la continuidad del proceso”, escribió en sus redes sociales. 

A la vez, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Gustavo Vega lamentó que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, no se pronuncie contra las acciones judiciales que se interpusieron para truncar el proceso de preselección. Consideró que es necesario que se convoque a una reunión para encontrar una solución a las elecciones. 

“La Asamblea en su conjunto debe pronunciarse sobre este tema, hasta ahora hemos hecho todos los esfuerzos necesarios, pero ya no se puede continuar así. Se tiene que pronunciar el vicepresidente David Choquehuanca ¿Dónde está para no hacer cumplir el rol de la Asamblea? Debemos convocar a una reunión de alto nivel”, declaró.

Mientras se desarrollaba un debate sobre esa determinación, los legisladores del ala arcista del MAS abandonaron la sesión de la Comisión Mixta de Constitución. Esta comisión declaró cuarto intermedio sin fecha de reinicio.