En una audiencia de apelación a las medidas cautelares, un juez de Cochabamba negó el pedido de libertad al excomandante del Ejército, general Juan José Zúñiga, imputado por la revuelta militar del 26 de junio. El excompañero de basquet del presidente seguirá detenido en el penal de El Abra, en ese departamento.

En la audiencia, que se dio en formato virtual, la defensa del jefe militar solicitó que éste se defienda en libertad al no existir riesgo procesal de fuga, pues consideran que no trató de huir y que cuenta con un arraigo natural de familia y domicilio. Además, se solicitó el cambio de recinto penitenciario, para que sea trasladado a La Paz, pero ambos pedidos fueron rechazados.

Asimismo, la Fiscalía reiteró su pedido al juez de aplicar la medida extrema de cárcel mientras prosiguen las investigaciones por este caso.

Ayer, la Procuraduría General informó que el caso que inicialmente se abrió por terrorismo y alzamiento armado, se amplió por otros tres delitos y suman 24 los imputados, 23 de ellos militares y un civil. Éste último es Aníbal Aguilar, el supuesto ideólogo, exasesor del Ministerio de Defensa y quien también estuvo en audiencia de apelación, ayer.

El exasesor del Ministerio de Defensa inicialmente fue beneficiado con detención domiciliaria, pero ayer la vocal de la Sala Penal Cuarta, Claudia Castro, determinó revocar esa medida y lo envió con detención preventiva al penal de San Pedro, en La Paz.

Los cinco delitos por los que se tramita el caso son: alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, uso Indebido de bienes y servicios públicos, “tipificados en los artículos 121, 128, 133 y 223 del Código Penal y Articulo 26 de la Ley N° 004”, señala parte del comunicado emitido por la Procuraduría.

Del total de los implicados, 11 cumplen detención preventiva, 11 están con detención domiciliaria y dos en calidad de aprehendidos. Además, existe una orden de aprehensión contra el general en retiro Tomás Peña y Lillo, quien se declaró en la clandestinidad y dijo no haber participado en los hechos del pasado 26 de junio, según el recuento de Unitel.