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Medio: VISION 360
Fecha de la publicación: sábado 29 de junio de 2024
Categoría: Debate sobre las democracias
Subcategoría: Acciones contra la democracia
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El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien dirigió la revuelta militar del pasado miércoles, en La Paz, fue trasladado la tarde de este sábado al penal de El Abra, en la ciudad de Cochabamba, para precautelar su seguridad, debido a que los internos de Chonchocoro lo declararon “persona no grata”, informó Juan Carlos Limpias, director de Régimen Penitenciario.
“La población privada de libertad desde que ya se conocía, antes, incluso que se dé la detención preventiva en este centro penitenciario (Chonchocoro) ha manifestado su rechazo, declarando persona no grata al privado de libertad Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército; el día de hoy hemos trasladado al privado de libertad y la población nuevamente mediante un voto resolutivo ha hecho manifiesto de este tipo de situación”, indicó Limpias, en conferencia de prensa.
La autoridad explicó que ese rechazo no se expresó en contra de los otros dos militares, Juan Arnez y Edison Irahola, quienes permanecerán en Chonchocoro.
Manifestó que Zúñiga fue trasladado en un vuelo comercial de Boliviana de Aviación (BoA) con custodios y las cápsulas de seguridad correspondientes. “A esta hora ya ingresó al penal (en Cochabamba)”, dijo.
Limpias manifestó que el traslado procedió en atención a una resolución administrativa de la Ley 007 artículo 4, que le da la facultad de realizar movimientos de internos cuando “la vida de un privado de libertad corre riesgo o el privado de libertad pone en riesgo a los demás privados de libertad”.
Aunque, después, justificó que la seguridad de Zúñiga podía ser garantizada por Régimen Penitenciario, dijo que no sería bueno para el acusado estar encerrado o no poder convivir con el resto de la población carcelaria.
Zúñiga, quien lideró la movilización de unidades militares en la ciudad de La Paz, es acusado por los delitos de terrorismo y levantamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
Según el dictamen de la autoridad jurisdiccional debe permanecer recluido preventivamente por un lapso de seis meses, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.



