El excomandante del Ejército en la gestión 2010, general en servicio pasivo, José Antonio Ágreda Mendivil, apuntó a sus camaradas jubilados, Tomás Peña y Lillo y Ramiro Calderón, como los autores del discurso que pretendía ser leído por el general Juan José Zúñiga, el 26 de junio, cuando tuvo lugar la revuelta militar.

Omar Durán, abogado de Ágreda, afirmó que su cliente fue uno de los militares que durante el servicio activo se inclinó por el adoctrinamiento que el Movimiento al Socialismo (MAS) impartió en las Fuerzas Armadas. Recordó que el militar, aprehendido ayer como uno de los protagonistas de la revuelta militar dirigida por Zúñiga, fue quien impuso el uso de la wiphala en el uniforme del Ejército.

“Él (Ágreda) no ha participado, ha ido casualmente al Estado Mayor, de mero trámite a escribir un libro, fue al Instituto Geográfico Militar, y al ver el desorden, como todo curioso, se acercó a la oficina (de Zúñiga) y esa fue su participación. (…) en la declaración (que Ágreda dio ayer ante la Fiscalía) lo que perjudicaría a mi cliente es que, con la mayor honestidad, (dijo que) habría participado escribiendo el discurso que se iba a dar ese día, por el supuesto Gobierno que iba a imponer Juan José Zúñiga. (El discurso) lo han dictado Peña y Lillo, el coronel Calderón, esas dos personas le indicaron que se siente, que maneje la computadora, que si iba a estar ahí tenía que hacer algo, hasta las últimas consecuencias”, contó Durán, ayer, luego que su cliente terminó de declarar y quedó aprehendido.

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En un organigrama presentado por el Ministerio de Gobierno, Ágreda figura como parte de los autores intelectuales de la revuelta militar que dirigió el excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, quien, en compañía de sus similares de la Armada, José Arnez, y de la Fuerza Aérea, Marcelo Zegarra, pretendió tomar la plaza Murillo y el antiguo palacio de Gobierno.

Ágreda estaba prófugo desde el día de los hechos y se contaba con una orden de aprehensión en su contra. Ayer, el mismo se presentó de forma voluntaria ante la Fiscalía.

Durán aseguró que su cliente brindó una gran cantidad de información que permitirá aclarar lo que el Gobierno ha calificado “golpe de Estado fallido”, pese a la versión del propio Zúñiga, quien el día de su aprehensión aseguró que se trató de un “autogolpe”, pues afirmó que la movilización de las tanquetas fue autorizada por el presidente Luis Arce, el 23 de junio, en una reunión luego de que ambos participaron de un juego de básquet, en el colegio La Salle.

Masista

El abogado de Ágreda aseguró que su cliente, quien fue primero de su promoción y ejerció como comandante del Ejército en 2010, durante el Gobierno de Evo Morales, fue obligado a participar de la revuelta militar y hora teme por su vida. Sostuvo que no fugó del país debido a que es una persona de la tercera edad, viudo y a cargo a un menor de 12 años.

“En su momento ha sido una persona que se ha inclinado mucho hacia el Movimiento al Socialismo. Es la persona que ha impuesto la wiphala en los uniformes militares, hay cosas interesantes que se van a saber”, mencionó Durán.

En efecto, Ágreda figura como parte del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA) de 2010, que ese año inició con la denominada “Reforma Institucional 2010 – 2025”, promovida por el entonces ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Dicha reforma, tenía como fin iniciar un proceso de adoctrinamiento ideológico socialista, en coordinación de militares de venezolanos, en cursos que luego impartieron en la denominada “Escuela Antiimperialista”, que se inauguró en 2016.

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La Fiscalía imputó a Ágreda por cinco delitos, entre ellos terrorismo y alzamiento armado. Aún se desconoce el horario en que el militar será puesto ante al juez de medidas cautelares, quien definirá si va la cárcel con detención preventiva o podrá defenderse con libertad.

El militar declaró que el único contacto que tuvo con Zúñiga se dio el 26 de junio, en su oficina, donde se reunieron con una gran cantidad de militares del servicio activo y pasivo, quienes presenciaron todos los preparativos del levantamiento militar, entre ellos, Arnez y Zegarra. Este último, señalado por el Gobierno como otro de los testigos clave que brindó mucha información y cuenta con detención domiciliaria, declaró que fue llevado con engaños a plaza Murillo.