La estrategia militar del General Juan José Zúñiga consiguió demostrar que la mejor defensa es una buena retirada... inmediata; además, la retirada fue tan brillante que el único disparo que se escuchó fue el de la puerta cerrándose al retirarse el insurrecto. Inmediatamente después de la fugaz arremetida militar, conspicuos analistas, destacados periodistas y distinguidos políticos brindaron amplias explicaciones del hecho. En términos generales, se advirtieron dos posturas: unos, consideraron aquella aventura cono un golpe de Estado; otros, la catalogaron como un autogolpe. En esta columna intentamos demostrar todo lo contrario respecto de ambas posturas.

Los politólogos Powell y Thyne brindan un concepto ampliamente aceptado respecto al golpe de Estado, señalan que se trata de intentos ilegales y abiertos por parte de los militares o de otras élites dentro del aparato del Estado para remover al Ejecutivo en el poder. Los elementos que distinguen a este concepto son: el blanco o victima (jefe de estado), el perpetrador (agente estatal, generalmente militares) y el procedimiento (secreto, rápido, violento y, sobre todo, ilegal). Este esquema nos permitirá interpretar lo sucedido el 26 de junio en Bolivia. 

Ni golpe. En la aventura liderada por Zúñiga se pueden identificar características fundamentales propias de un golpe de Estado. Por ejemplo, la víctima de estas acciones ilegales fue el presidente Luis Arce, esto se evidencia en la incursión directa de los insurrectos a Palacio de Gobierno. Otra señal distintiva de un golpe clásico es la participación de militares, en este caso encabezados por el Zuñiga, como los principales actores perpetradores. Finalmente, el hecho de que el General insurrecto liderara a un contingente de militares fuertemente armados, que irrumpieron sorpresivamente en la Plaza Murillo con tanques, frente a la Casa Grande del Pueblo, sede del Ejecutivo boliviano en la ciudad de La Paz, es un indicador relacionado con el modus operandi de un golpe de Estado: secreto, rápido, violento e ilegal.

Sin embargo, existe un elemento crucial que impide catalogar aquellos acontecimientos como un golpe de Estado. En ningún momento los militares sublevados plantearon la destitución de Luis Arce de su cargo presidencial. Ni Zuñiga exigió su dimisión ni Arce presentó su renuncia. El golpista impone y no dialoga con su víctima. La ausencia de declaraciones de los insurrectos que sugieran tal intención demuestra que las acciones llevadas a cabo en esa aciaga jornada no pueden ser consideradas como un golpe de Estado. Así, la falta de una demanda explícita de remoción presidencial indica que, a pesar de la violencia y la toma de control temporales, no se cumplió con uno de los requisitos esenciales para definirlo como golpe de Estado.

Ni autogolpe. Este tipo específico de golpe de Estado se caracteriza por la actuación del propio líder gubernamental, usualmente el presidente o jefe de Estado, quien es identificado como el autor del golpe en lugar de ser visto como una víctima. En los eventos del 26 de junio, tanto los militares como la ciudadanía no percibieron a Luis Arce como el ejecutor del golpe. Por el contrario, Arce fue visto más como una víctima de las circunstancias, lo cual contrasta notablemente con la típica imagen del perpetrador en estos escenarios.

Los autogolpes suelen ser maniobras políticas diseñadas para consolidar el poder del presidente. Para alcanzar este objetivo, se adoptan medidas tales como la eliminación de los controles y equilibrios impuestos por otros poderes del Estado, (el legislativo y el judicial). Además, buscan extender su mandato más allá de los límites establecidos por la ley, restaurar el orden y la estabilidad en tiempos de crisis, fortalecer las frágiles instituciones democráticas y reprimir a la oposición política. En el caso del presidente Arce, al no haber participado en el supuesto autogolpe, no ha logrado ninguno de estos objetivos, ni ha podido consolidar su poder.

Dado que el presidente Luis Arce no participó activamente como perpetrador ni intentó consolidar su poder, no es apropiado clasificar aquellas acciones militares como autogolpe.

Todo lo contrario. Si las acciones militares, llevadas a cabo por el general Zúñiga, no pueden ser calificadas ni como golpe de Estado ni como autogolpe; entonces, dichas acciones deben ser interpretadas bajo una óptica diferente, posiblemente como una acción de protesta de los militares en demanda de “sus” reivindicaciones.

Esta aseveración se sustenta en el reclamo que le hizo el general Zúñiga al presidente Luis Arce. Cuando dialogaron en Palacio de Gobierno, Zúñiga le dijo a Arce: “No puede ser eso; no puede ser ese desprecio a tanta lealtad”. Implícitamente estaba suplicando que no le destituyan del cargo de Comandante de las Fuerzas Armadas. Luego de salir de Palacio, en una conferencia de prensa, el militar insurrecto solicitó la destitución del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y exigió la liberación de presos políticos (Luis Fernando Camacho, Jeanine Añez, y otros jefes militares). Otro de los pedidos fue la restitución del orden democrático. Todas estas demandas no son propias de un proceso de golpe de Estado, simplemente se trata de moderadas reclamaciones que no conducen a la dimisión de ningún presidente.

A manera de conclusión, cabe destacar que los militares, en 42 años de democracia, no expulsaron a ningún Gobierno, solo Sánchez de Lozada (2003) y Evo Morales (2019) dimitieron, pero no por un golpe de Estado sino por la sublevación del pueblo. Ciertamente, Luis Arce tiene razón cuando dice que el único que le puede sacar del gobierno es el pueblo; puede hacerlo por vía electoral (apoyando otra candidatura) o por vía de insurrección popular.