A casi un año de las elecciones generales de 2025, éstas adquieren mayor relevancia por la gran magnitud de las crisis que parecen gestarse en economía, medio ambiente, institucionalidad, etc., y por las crecientes pugnas entre los actores políticos, y dentro las propias organizaciones sociales. Las emergentes controversias se centran en el nombre del/la candidato/a, y en una larga y acrítica lista de temas y de “prioridades” que esa persona deberá atender.

Aunque la proximidad de una compleja crisis parece incuestionable, en el contexto actual nada nos asegura que los debates electorales no se desnaturalicen en las habituales pugnas por intereses de grupos de poder, y que las cegueras ideológicas o las rigideces teóricas, impidan generar los consensos básicos en torno a cuál es el problema, y cuáles las mejores soluciones. Se empiezan a sentir los efectos de la falta de dólares, pero desde el Gobierno se niega tal situación; quienes coinciden en que se gesta una crisis, están enfrascados en desmenuzar las secuelas que tienen indicadores como el déficit, las RIN, el tipo de cambio, la inflación, etc., mientras que desde el Gobierno se proclama el alto crecimiento y la más baja inflación. Pero ninguno puede fundamentar –conceptual o empíricamente, cuál debería ser el valor “correcto” de esos indicadores. De ahí que las consideraciones sobre desarrollo, quedan opacadas por el halo del “elitismo metafísico” de los temas en los que solo participan los “políticos”. Como consecuencia, las propuestas electorales pecan de creciente levedad conceptual, y la sociedad no puede realmente juzgar los desempeños.

Como los grandes problemas de la humanidad no están en la bruma de la metafísica, sino están en la realidad de las calles (Nietzsche), la realidad boliviana es que las reservas comerciales de gas se agotarán hacia 2027, y el fracaso en desarrollar nuevas fuentes de ingresos (el Litio), impondrán fuertes reducciones en los ingresos fiscales generados por la actividad extractiva, con las obvias restricciones en la capacidad de gasto e inversión pública, lo que haría inviables la gran mayoría de las promesas políticas que empiezan a tomar forma.

Sabemos que un problema es “un obstáculo que impide lograr un objetivo”; es obvio que, si no se conoce el objetivo, es imposible definir el problema: de ahí que el punto de partida para discutir los problemas de la sociedad, es ser capaces de identificar el objetivo social compartido.

En consecuencia, dada la complejidad y severidad que llegaría a tener la esperada crisis, la agenda de los debates políticos sobre propuestas programáticas hacia las próximas elecciones, idealmente debería enmarcarse en una reflexión previa –conducida por la sociedad civil–, en la que podamos definir, inicialmente, el “objetivo social compartido de desarrollo” hacia el que, la política, debe conducir a la sociedad.

Cualquiera sea el objetivo, y para avanzar hacia él, es razonable pensar que la economía debe ser capaz de generar los recursos necesarios, para lo que se debe configurar un proceso en el que el crecimiento materialice el objetivo. Pero crecimiento económico con desarrollo no es el resultado directo de buenas intenciones. Requiere entender qué factores y bajo qué condiciones tendrían el resultado esperado. Y por la situación a la que llegamos, es obvio que la mayoría de los políticos –y de los académicos, no entendemos con qué factores y bajo qué procesos, lograr el crecimiento con desarrollo.

En esta realidad y con el propósito de elevar el nivel de las discusiones electorales, necesitamos un amplio proceso de reflexión social que permita generar los consensos básicos en torno a:

1. El comportamiento de la economía boliviana: ¿Refleja el crecimiento boliviano desde 1950 un bienestar generalizado? ¿Cuáles los efectos sociales del crecimiento a partir de la Nueva Política Económica de 1985? ¿Cuáles las mejoras con el cambio de modelo económico desde 2006? ¿Está el modelo vigente correctamente orientado para generar los recursos autónomos y poder financiar el crecimiento con desarrollo? ¿En qué vamos bien y en qué vamos mal?

2. Las causas estructurales de nuestro estancamiento: ¿Cómo se explica que, siendo un país generosamente dotado de recursos naturales, y de una población con reconocida creatividad y capacidad de trabajo, estemos quedando relegados a los últimos lugares de desarrollo en América Latina? ¿Cuáles los obstáculos más relevantes al crecimiento y al desarrollo?

3. El crecimiento con desarrollo: ¿Qué factores determinan realmente la magnitud y la calidad del crecimiento? ¿Cuán acertada es la teoría económica vigente sobre cómo promoverlo y sostenerlo? ¿Qué rasgos del desarrollo deberemos priorizar como metas a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué tipo de crecimiento nos llevaría en esa dirección?

4. La Ruta Crítica al desarrollo: ¿Qué recursos estratégicos deben ser la base para reencaminar la economía hacia el desarrollo? ¿Qué transformaciones estructurales son las más necesarias para reencauzar la realidad vigente a una de crecimiento con desarrollo? ¿Cuál la secuencia obligada dada las restricciones de tiempo y de recursos?

5. Las metas iniciales: ¿Son temas relevantes para un debate público y propositivo, el déficit fiscal, las subvenciones, la inflación, el tipo de cambio, las RIN, etc.? ¿Qué indicadores serán los de mayor relevancia para medir la cantidad y la calidad del crecimiento? ¿Cuáles las metas, los lineamientos y las acciones base prioritarias para un “plan de Gobierno” 2025-2030 (PG25-30)?

6. La institucionalidad base necesaria y cómo construirla: ¿Sería posible aplicar el PG25-30 y realizar todas las reformas necesarias al margen de un amplio acuerdo nacional? ¿Cuáles serían los temas y los puntos centrales de tal acuerdo? ¿Cómo promoverlo y lograrlo?

Por algo más de 30 años venimos trabajando en estos aspectos y a lo largo de este tiempo hemos acumulado estudios y propuestas relevantes que han sido presentados y publicados en ámbitos privados y públicos, pero se nos impidió realizar los debates amplios que ameritan sus contenidos. Ponemos estos trabajos a disposición de una alianza de las organizaciones de la sociedad civil –con periodistas incluidos–, que quieran ser parte de un amplio, abierto y, sobre todo, muy propositivo “cónclave social” que oriente la carrera electoral 2025 hacia el desarrollo sostenido y sostenible, y vele porque las prioridades de la gente sean el eje de los planes de Gobierno.

Ya no podemos darnos el lujo de aceptar discursos vacíos. Es hora que la gente defina el plan de Gobierno y escoja a quienes pueden cumplirlo.