La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Silvia Salame denunció que existe un “alto nivel de corrupción” detrás de la paralización del proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales.

El lunes, la Sala Constitucional Segunda de Beni paralizó una vez más el proceso de preselección para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial, debido a que la Comisión Mixta de Justicia Plural no emitió una resolución contra la inhabilitación del abogado Charles Mejía.

“Resuelve: otorgar la medida cautelar solicitada disponiendo: La paralización del cronograma de toma de exámenes dentro de la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales”, dice parte de la resolución.

El examen oral para los postulantes del TCP iba a iniciar a las 18.00 del lunes; sin embargo, la actividad no arrancó por la disposición de la Justicia.

En entrevista con La Razón Radio, Salame lamentó el estancamiento del proceso y aseguró que se trata de una “cadena” que impide proseguir con este trabajo. Contó que, a las 16.00, ingresó un memorial de queja interpuesto por un vocal que también es postulante. 

“En este caso, el vocal que resolvió la medida cautelar también es postulante al Tribunal Supremo de Justicia”.

Develó que el sujeto hace que, inmediatamente, se notifique en dos horas a la Comisión Mixta de Justicia Plural para detener el cronograma de evaluaciones orales. “A las 18.00, ya estaban notificando con un auto que concedía medidas cautelares”.

“Nunca un juez puede emitir una medida cautelar en un recurso de queja”, explicó.

Indicó que esa sala constitucional debió haber conminado a Asamblea a cumplir con sus deberos o, de lo contrario, presentar una denuncia ante el Ministerio Público. “Nunca debió hacer que se paralice este proceso”.

“Lo que puedo decirle a la ciudadanía, sin temor a equivocarme y así tenga que ser sometida a un proceso penal, es que detrás de todo esto hay un gravísimo estado de corrupción”, sentenció.

Indicó que ya existe la prueba de que los magistrados prorrogados y, “en especial, la sala de los abogados Gonzalo Hurtado e Yván Espada”, están luchando para que no se realicen las elecciones.

Ambos magistrados fueron elegidos en las elecciones judiciales de 2017, luego de ser preseleccionados en la Asamblea controlada entonces por los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS). En 2019, Hurtado fue quien comunicó públicamente el comunicado del TCP que avalaba la sucesión presidencial de Jeanine Añez.

Salame consideró que ya no es un tema político, sino que los abogados están “peleando” por su “pan de cada día”. “No es por el sueldito que ganan, aquí se trata de coimas”.

Finalmente, no descartó presentar una acción penal contra todas las personas que han causado daño al proceso de preselección.