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Medio: El Periódico
Fecha de la publicación: viernes 17 de agosto de 2018
Categoría: Representación Política
Subcategoría: Procesos contra autoridades electas
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El fiscal de materia, Gabriel Alarcón, informó que este caso se origina el año 2016, cuando una funcionaria fue despedida de manera injustificada.
Esta persona tenía una discapacidad física, por ende, la ley la protegen con la inamovilidad laboral.
“A Oliva se le ha imputado por la supuesta desobediencia a resoluciones de amparo constitucional (…) en este caso, a una resolución que ordenaba la restitución de manera inmediata de la funcionaria”, explicó el fiscal.
“Hemos estado en la audiencia y el juez ha establecido que no corresponde la imposición de ninguna medida cautelar”.
El juez ha determinado que no corresponde ninguna medida en contra del gobernador, porque ya habrían reincorporado a la funcionaria en cuestión.