Los miembros de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural que perdieron amparos constitucionales, presentados por candidatos inhabilitados, tenían tres días para cumplir los fallos constitucionales; no lo hicieron y ahora uno de esos candidatos los demandó por no cumplir ese plazo, y logró que un tribunal del Beni mande a paralizar de nuevo las pruebas orales de los aspirantes a magistrados. Los asambleístas no tuvieron otra opción que suspender el proceso.

“Otorgar la medida cautelar solicitada disponiendo la paralización del cronograma de toma de exámenes dentro de la convocatoria pública a postulantes para la preselección de candidatos a las elecciones judiciales”, señala la parte resolutiva de la Sala Constitucional Segunda del departamento de Beni.

Los legisladores tenían el aval de la Asamblea, desde el pasado 6 de junio, para proseguir con la preselección. Después de casi un mes recién decidieron reanudar sus sesiones y lo primero que se encontraron es una acción de amparo, que les exige cumplir con la notificación de la resolución.

Después de un corto debate de los legisladores decidieron por votación interrumpir el proceso, notificar a los candidatos que llegaron para sus exámenes orales y resolver rápidamente, ahora sí, las demandas que les presentaron 35 candidatos inhabilitados.

Los legisladores se negaron a reconocer que fue responsabilidad suya no reanudar el trabajo desde el 7 de junio cuando ya tenían la autorización de la Asamblea. El presidente de la comisión, Miguel Rejas, dijo que todos están “cansados” con las demandas, aunque no explicó por qué no reanudaron sus tareas desde junio.

Las preguntas que debían ser abiertas también tuvieron que ser resguardadas de nuevo y se creó una cadena de custodia hasta que se solucione la notificación a los candidatos. Al margen de las 35 demandas existen 41 pedidos de otros postulantes que solicitaron su sus casos sean reconsiderados antes de acudir a la justicia.