La bancada parlamentaria de Creemos ha enviado una carta a varios organismos internacionales expresando su preocupación y pidiendo cautela en el respaldo al gobierno de Luis Arce en Bolivia. En el documento, los parlamentarios alertan sobre la posibilidad de que se utilice la teoría del Golpe de Estado o Autogolpe como una estrategia para encubrir graves violaciones a los derechos humanos y desviar la atención de la crítica situación que atraviesa el país.

Denuncia de maniobras y violaciones a los derechos humanos

En la carta, los senadores y diputados de Creemos reiteran su desconfianza en el gobierno boliviano y su estrategia de destruir la democracia en Bolivia para avanzar en un proyecto totalitario. Aseguran que estas estrategias, cuidadosamente elaboradas y con guiones perfectamente redactados, implican graves violaciones a los derechos humanos y ponen en peligro la paz y seguridad de todos los bolivianos.

Pedido de investigación imparcial y acompañamiento internacional

Creemos destaca la importancia de llevar a cabo una investigación seria y transparente sobre los sucesos del 26 de junio, señalando al presidente Luis Arce como principal responsable. Por ello, solicitan el acompañamiento de observadores internacionales imparciales en dicha investigación. Además, instan a las organizaciones defensoras de los derechos humanos a realizar un monitoreo constante de la situación política en Bolivia.

Salidas democráticas y responsabilidad institucional

En la carta, Creemos hace hincapié en la necesidad de encontrar salidas democráticas a la crisis boliviana y de identificar a todos los responsables de la situación actual, en la que la institucionalidad ha sido mal manejada. También resaltan el peligro que representa el uso político de las instituciones militares y policiales, poniendo en riesgo la paz y seguridad de los bolivianos.

Mantenerse alerta y proteger a la sociedad

Creemos enfatiza la importancia de mantenerse alerta ante la vulnerabilidad de la sociedad en este contexto. Destacan la necesidad de proteger la paz y seguridad de los bolivianos, evitando el uso de las instituciones militares y policiales con fines políticos.