Lo que debió ser el congreso del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS) se convirtió ayer en un encuentro ampliado nacional, que contó con la participación de unas 20 mil personas en el estadio Bicentenario, de Villa Tunari, lo que no impidió que los asistentes aprueben 15 conclusiones, a las que el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, calificó, en rueda de prensa, de “matonaje político”.

Los asistentes proclamaron la candidatura presidencial de Evo Morales, a pesar de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) dispuso que el exmandatario no puede volver a postularse al cargo, y advirtieron de que no permitirán una eventual inhabilitación.

Conminaron a David Choquehuanca a retirar una consulta al TCP sobre la legalidad de la sesión plenaria de la Asamblea del pasado jueves, en la que se sancionó cuatro proyectos de ley, entre las que se cuenta una que dispone el fin del mandato de autoridades judiciales, y exigen el cese de funciones de los magistrados; el retiro de una amonestación al MAS presentada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Denunciaron lo que entienden por vulneración de derechos de pueblos originarios y la militancia del MAS por la posible inhabilitación de la postulación presidencial de Morales, y otras que se refieren a la coyuntura política. Conminaron, además, a Luis Arce a promulgar los proyectos sancionados.

REACCIÓN GUBERNAMENTAL

Por la tarde, el viceministro Torrico explicó que esas conclusiones equivalen a la actuación del “matón del barrio” y aseguró que “el pueblo boliviano no aceptará las medidas de presión que pueden causar serios problemas a todos por una candidatura presidencial.

Explicó que las autoridades judiciales se mantienen en funciones, de acuerdo con una disposición que aprobaron antes de que concluya su mandato y que les permite tener continuidad hasta que se elija a sus sucesores, como sucede en toda dependencia estatal, por lo que es una decisión plenamente válida y legal.

Anunció, finalmente, que se defenderá los derechos de la población en caso de bloqueos o protestas.