El general Juan José Zúñiga, excomandante del Ejército de Bolivia, se abstuvo a declarar este jueves ante la Fiscalía de La Paz por el intento de golpe de Estado; sin embargo, ya fue imputado y se pedirá su detención preventiva en la cárcel.

Zúñiga fue presentado esta tarde ante la comisión de fiscales, conformada por Omar Alcides Mejillones y Franklin Alborta, y en compañía de su abogado defensor decidió hacer uso de su derecho de guardar silencio, evitando así dar más detalles de la toma militar en la plaza Murillo, de La Paz.

Sin embargo, el general ya había declarado en una entrevista preliminar ante la Policía, la noche del miércoles. En esa oportunidad cambio su versión, puesto que ya no habló de un autogolpe, sino de un levantamiento armado que no se concretó por la demora y falta de coordinación de las diferentes unidades militares.

El ex comandante de la Naval, Juan Arnez Salvador, también se acogió al silencio durante su declaración este jueves ante la comisión de fiscales que investiga la toma militar.

La Fiscalía de La Paz ya preparó la imputación contra Zúñiga y Arnez, según información a la que accedió EL DEBER. Se los sindica de incurrir en los delitos de terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.

EL documento de imputación será presentado ante un juzgado de la capital paceña en las próximas horas y se conoce que la Fiscalía pedirá la detención preventiva en la cárcel para el ex comandante del Ejército de Bolivia y el ex comandante de la Naval. La audiencia se realizará este viernes 28 de mayo, solo se espera que el juez fije la hora.

Gobierno pide ampliación y pena máxima 

Por su parte, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, indicó que se pedirá a la Fiscalía que se amplíen los delitos contra Juan José Zúñiga, pues señala que también provocó deterioro en bienes del Estado y lesiones de bala contra nueve personas en la toma militar de la plaza Murillo.

Mientras que el Ministro de Justicia, Iván Lima, anunció en sus redes sociales, que Zúñiga enfrenta cargos por los delitos previstos en los artículos 121, 127 y 128 del Código Penal, con una posible condena de 15 a 20 años de prisión por atentar contra la democracia y la Constitución.

"La Procuraduría General y la Fiscalía General han iniciado el proceso penal y lo llevarán hasta lograr la condena de este militar. Esta acción irresponsable de un militar que deshonra a las Fuerzas Armadas, a la amistad que le brindamos muchos funcionarios de este gobierno, solo muestra que es una persona irresponsable y desleal con valores básicos de respeto y dignidad de las Fuerzas Armadas", publicó el Lima