El fallo a favor de la polémica de la Asamblea dirigida por el titular del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), generó molestia en el Ejecutivo. El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que se abrirá un proceso penal por prevaricato contra la juez que emitió el dictamen.

“Vamos a presentar un juicio por prevaricato como Ministerio de Justicia. Es una actividad irregular, ha habido falsificaciones de documentos; de notificaciones y de actuaciones en ese juzgado y hasta el momento no se aclara ninguna de las graves situaciones”, señaló.

El fin de semana se conoció que la jueza de Sentencia Penal Nº 6 de Cochabamba, Silvia Zurita, otorgó al presidente nato del Legislativo, el vicepresidente David Choquehuanca ,un plazo de 72 horas para que cumpla con lo dispuesto en la convocatoria de Rodríguez del 6 de junio.

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En la sesión, con el apoyo del bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) y las alianzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos; se sancionó la ley que cesa en sus funciones a los magistrados y los consejeros que prorrogaron su mandato ante las fallidas judiciales.

Asimismo, se aprobó un crédito para la construcción de la doble vía Confital-Bombeo; una resolución para que se reencamine el proceso de preselección de postulantes para los comicios judiciales; y el decreto presidencial para el indulto y la amnistía de reos en las cárceles del país.

Prevaricato

Esa jornada, Rodríguez tomó el mando de la Asamblea bajo el alegato de que le correspondía la suplencia de Choquehuanca; quien asumió la dirección del país ante el viaje del presidente Luis Arce a Rusia; para reunirse con su homólogo Vladimir Putin y participar de un foro.

La convocatoria es catalogada de inconstitucional por el ala arcista del MAS. El diputado Juan José Jáuregui, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, presentó un recurso de nulidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que emitió dos resoluciones.

La primera, a minutos de iniciarse la polémica sesión, desestimó la competencia de Rodríguez y advirtió que cualquier decisión emanada del encuentro legislativo iba a ser nulo. Y la segunda, de la anterior semana, precisamente declaró nulos todos los actos asumidos en la sesión.

Para complicar la situación, el fin de semana, la jueza Zurita determinó que Choquehuanca valide lo hecho por Rodríguez, lo que el lunes fue descalificado por la Vicepresidencia del Estado por “carecer de fundamento” y, además, reivindicó la independencia de poderes.

Fallo de Zurita

“Se ordena el cese de los actos de hostigamiento, búsqueda o persecución sin causa jurídica alguna en contra de Andrónico Rodríguez, por parte de cualquier actor político del país, a su vez, se ordena al Vicepresidente del Estado y Presidente de la ALP, convoque en el plazo máximo de 72 horas a sesión de la ALP a fin de garantizar la validez constitucional de las actuaciones cuestionadas en esta acción tutelar para evitar actos de usurpación a atribuciones previstas en el artículo 158 de la Constitución” (sic), se lee en la sentencia firmada por Zurita.

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Lima cuestionó que la audiencia de la que surgió este dictamen se llevó a cabo “en un feriado sin notificar a nadie, entre gallos y medianoche, con decisiones absolutamente contrarias a la Constitución”. Más todavía, Choquehuanca no fue notificado con la acción de libertad.

Al tildar de “prevaricadora” a la juez, remarcó que ella reconoció la declaratoria de nulidad de esa sesión por parte del Tribunal Constitucional, y dijo que las comisiones mixtas de la Asamblea tienen en sus manos la reactivación del proceso de preselección para las judiciales.

Este proceso se paralizó en la fase de evaluaciones orales a los postulantes para el Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional, debido a los recursos presentados por los inhabilitados, lo que derivó en un entuerto legal que hasta el momento no halla una salida clara al problema.

Mientras tanto, el diputado Jáuregui advirtió que aún falta que el Constitucional se pronuncie sobre el fondo del recurso que planteó: la supuesta usurpación de funciones en la que incurrió Rodríguez, quien ante las advertencias de procesos penales, desafió a que lo encarcelen.