La presentación de personas sospechosas de cometer un delito ante los medios de comunicación o por redes sociales es una práctica común desde el Ministerio de Gobierno o la Policía Nacional. Este tipo de actos vulneran la presunción de inocencia, pero, además, es una manera de mellar la dignidad de personas que no han sido juzgadas por el delito que se les atribuye. Estos casos, y otros de diversa índole, atentan contra la institucionalidad democrática en el país, que en 2023 tuvo al menos una vulneración por día, según el Informe de Situación 2023 del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS.

De acuerdo con el Observatorio, en 2023 se han cuantificado 379 casos de vulneración a la institucionalidad democrática en Bolivia, agrupados de la siguiente manera: Actos o declaraciones contrarias al ejercicio de derechos, 232; Procedimientos no basados en la norma, 88; Corrupción de autoridades, 23; Falta de independencia de Órganos del Estado, 12; Falta de transparencia y acceso a la información, 9; Acoso político, 5; Incumplimiento de normas relativas a la duración de autoridades y funcionarios en sus cargos, 3; e incumplimientos de procesos adecuados en la elección de autoridades, 2.

En comparación con otros años, de 2021 a 2023 los casos de vulneración a la institucionalidad democrática se han sextuplicado. En 2021 se contabilizaron 62 actos de vulneración, en tanto que, en 2022, la cifra llegó hasta 199, éste último, significa un aumento del 53%.

“La institucionalidad democrática implica, al menos, la separación, independencia y equilibrio de poderes del Estado, el ejercicio efectivo de derechos políticos a través de elecciones libres y justas, de derechos civiles, y el respeto y la promoción del pluralismo en la sociedad”, desglosa el Informe de Situación 2023, presentado por UNITAS, en el que se especifican los casos de vulneración a la Institucionalidad democrática, las libertades fundamentales y el derecho a defender derechos.

Este martes en un céntrico hotel de la ciudad de La Paz se presentó el Informe de Situación 2023 del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS, una herramienta que visibiliza el estado de situación de las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos en Bolivia, cuya finalidad es la exigibilidad de derechos.

Presunción de inocencia

Una de las vulneraciones contra la institucionalidad democrática tiene que ver con la presentación de presuntos delincuentes ante los medios de comunicación o las redes sociales, práctica frecuentemente recurrida por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y comandantes de diferentes fuerzas policiales.

De acuerdo con los datos del Observatorio, Del Castillo acumula 192 actos de vulneración a la institucionalidad democrática, predominantemente por la exposición de presuntos sospechosos de manera pública. Según los datos, los cinco grupos de actores que más han vulnerado la institucionalidad democrática, además de las autoridades del Órgano Ejecutivo, son: la Policía, la Fiscalía, las autoridades del Órgano Judicial y autoridades del nivel municipal.

“Entre el 28 de enero y el 28 de diciembre de 2023, el ministro Eduardo del Castillo y los oficiales policiales a su cargo llevaron a cabo la presentación pública de 212 presuntos delincuentes ante medios tradicionales y digitales. Este comportamiento no solo persistió a lo largo de todo el año, sino que se repitió mensualmente evidenciando el incumplimiento de procedimientos legales básicos y garantías del debido proceso. Vale decir, el ministro vulneró, en promedio, los derechos de 18 personas cada mes y los de 4 cada semana del año”, menciona el informe.

La presentación pública de personas vinculadas, por ejemplo, al narcotraficante Sebastián Marset o quienes fueron detenidos por la aeronave de Boliviana de Aviación que fue encontrada con media tonelada de droga en España, son actos que “muestran cómo un derecho constitucionalmente garantizado como la presunción de inocencia, puede ser vulnerado cuando es útil para fines políticos”, según el informe.

Transgresiones a la institucionalidad desde los niveles subnacionales

Los casos de corrupción son los más evidentes en esta categoría. Por ejemplo, está la sentencia a cinco años de cárcel para el exalcalde de Cochabamba, José María Leyes, autor de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes, Incumplimiento de Deberes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, dentro del caso denominado “comidas”. El hecho se produjo el mes de abril de 2020, cuando Leyes emitió un decreto municipal en el que autorizaba, por emergencia de bienes y servicios, la compra de alimentación para policías y militares, a través de una empresa de distribución de comida.

También se citan otros casos, como la determinación judicial que demanda que el exalcalde y exfutbolista, Luis Gatty Ribeiro, sea enviado con detención preventiva en la cárcel de Villa Busch, por incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación de fondos en un caso de compra de luminarias para Cobija. También salta el inicio de un proceso legal, tras 10 años de retraso, contra el exalcalde de Colcapirhua, Milton Garabito, por la acusación de presuntas irregularidades en la construcción de un coliseo.

El caso del gobernador de Potosí, Johnny Mamani, por la compra fraudulenta de 41 ambulancias, es otro caso registrado por el Observatorio. Al igual que el caso del alcalde de Potosí, Jhonny Llally, quien enfrenta acusaciones de abuso sexual con agravante y por tal razón fue enviado a la cárcel con detención preventiva. También está el caso del alcalde del municipio de Santa Rosa del Abuná en Beni, Abner Beltrán, quien fue aprehendido por la Policía debido a agresiones físicas contra su expareja.

Uso del poder para violar a la normativa

Además, UNITAS, desde su Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, menciona cómo autoridades de otros órganos del Estado, como el Legislativo, también transgreden a la institucionalidad democrática a través del uso del poder para violar la normativa vigente. Es el caso del diputado del MAS, Patricio Mendoza, quien, después de un accidente de tránsito, el 27 de marzo de 2023, admitió de manera soberbia que conducía sin licencia, minimizando la gravedad del hecho.

Otro caso es el del diputado Ányelo Céspedes, también del MAS, que incitó a las organizaciones sociales del Beni a registrar en «libros negros o azules» a aquellos considerados «traidores» al proceso de cambio, aludiendo a los seguidores del presidente Luis Arce.

El informe cita también el caso del diputado Juan José Jáuregui (MAS), quien en octubre fue denunciado por extorsionar a mujeres ofreciéndoles empleo a cambio de presuntas relaciones sexuales, incluso con víctimas menores de edad. También menciona el caso del legislador Iván Canaviri (CC), quien planteó una ley para regular los bloqueos de caminos y que no duren más de 30 minutos, ésta última acción tiene que ver con la vulneración a los estándares de derechos humanos sobre el derecho a la protesta.

Prórroga de magistrados, el evento más crítico

Dentro de los casos de mayor relevancia en la vulneración a la institucionalidad democrática se encuentra la prórroga de mandato de magistrados del Órgano Judicial que se dio en diciembre de 2023, pero sus antecedentes se retrotraen a inicios de ese año, con las deliberaciones por el proyecto de ley transitoria para las elecciones judiciales.

Un análisis realizado por la Veeduría Ciudadana, citada en el informe, recuerda que esta coalición de organizaciones de la sociedad civil, identificó 30 irregularidades en cinco estándares internacionales que deben regir todo proceso de elección: independencia, idoneidad, inclusión, transparencia y exigibilidad.

“Este es uno de los eventos más críticos para la institucionalidad democrática registrados durante 2023 y supone un concurso de violaciones en el que se ven involucradas, directa o indirectamente, autoridades del órgano ejecutivo, legislativo y judicial”, se lee en el Informe de Situación 2023.