Existe coincidencia de que la institucionalidad democrática del país está viviendo un rápido proceso de erosión que, en los últimos días, ha tenido un punto de inflexión cuando los magistrados del Tribunal Constitucional, todos ellos autoprorrogados en sus cargos, han anulado una sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional en la que estos mismos magistrados fueron cesados en sus funciones.

El jurista internacional Ramiro Orías y el periodista y académico Rafael Archondo coincidieron en que existe este proceso de erosión y ambos están de acuerdo en que la única salida debe estar enmarcada en la democracia y, sobre todo, en el diálogo.

Archondo y Orías apuestan por un acuerdo nacional, aunque el primero cree que ese acuerdo debería ser impulsado por las tres fuerzas legislativas que ahora tienen dos tercios de votos (evismo, CC y Creemos) para garantizar “las últimas” elecciones judiciales de la historia, mientras que Orías conidera que el Órgano Ejecutivo debería ser parte de ese acuerdo político y que debería ir más allá de las judiciales, incluyendo primarias y otros asuntos.

Ambos especialistas dieron a conocer sus puntos de vista en el programa Sumando Voces en Directo, que se emitió este jueves.

Citando a un defensor de derechos humanos de Perú, Orías dijo que “la barbarie no se combate con la barbarie” y, por tanto, apuesta a las elecciones del 2025 como “un momento clave para reencauzar el rumbo” del país.

“Yo creo que es urgente un gran acuerdo nacional”, señala Archondo, para luego decir que “ya existe una mayoría de dos tercios en la Asamblea Legislativa, que está formada por la bancada de Evo Morales, la bancada de Carlos Mesa y la bancada de Creemos. Creo que estas tres fuerzas son esenciales, son las tres fuerzas que convocaron a esa reunión de del 6 de junio y que decidieron finalmente acabar con la autoprórroga”, menciona el analista que ahora radica en México.

En su criterio, el acuerdo debería dar paso a una lista de aspirantes al Órgano Judicial, en una especie de “cuoteo benévolo entre las tres fuerzas que permita hacer unas elecciones judiciales a la brevedad posible” y con eso “creo que habremos encontrado una luz al final del túnel”.

Orías coincide en que “definitivamente el país necesita un gran acuerdo político, un gran acuerdo nacional donde se restablezca esta agenda democrática”, sin embargo, al margen de las tres fuerzas señaladas por Archondo, “tiene que haber algún nivel de diálogo con el Ejecutivo porque si bien no tiene los votos, tiene el veto a través del Tribunal Constitucional”.

El veto al que se refiere Orías tiene que ver con los fallos del Tribunal Constitucional en consonancia con los intereses del Ejecutivo y que están bloqueando la labor de la Asamblea Legislativa.

Y, ¿cómo alcanzar ese consenso, al menos para convocar al diálogo? Orías considera que los bolivianos debemos preguntarnos si pueden resolver esta situación solos o preguntarse “qué dosis de cooperación internacional necesitamos para que se contribuya a estos acuerdos políticos”, que no solamente deberían incluir el tema judicial, sino abarcar el tema electoral, la Ley de Partidos Políticos, primarias, etc.

Archondo está de acuerdo con eso y entonces coincide plenamente con Orías en sentido de que “si tomamos conciencia de la gravedad de la crisis, necesitamos algo así” y evoca entonces los acuerdos de la década de los 90, que derivaron en una Corte Nacional Electoral creíble presidida por el notable Huáscar Cajías. “Cuando los enemigos aparentemente irreconciliables se sientan en una mesa solo en ese momento puede surgir institucionalidad”.

Sentencias a la carta

Orías considera que la institucionalidad viene deteriorándose desde hace 20 años, pero desde la sentencia que impuso la reelección indefinida, “el declive ha sido progresivo y creciente”.

“El Tribunal Constitucional se ha vuelto el brazo jurídico del proceso de cambio, todo lo que pierde en la Asamblea Legislativa, el Gobierno lo neutraliza a través de la justicia constitucional. Ahora la propia Asamblea también tiene sus problemas, no ha podido construir los consensos y diálogo” para las judiciales, indica.

Archondo agrega que, a diferencia de la manipulación sistemática de justicia, “ahora los jueces se han convertido en la base de sustentación del gobierno de Luis Arce, a quien le están haciendo sentencias casi como cuando uno va a un restaurante y pide algo del menú”.

Por eso, Orías no duda en decir que este es un gobierno de los jueces “o por lo menos un cogobierno”.

Las consecuencias

Más allá de los efectos políticos, la pérdida de institucionalidad deriva en la indefensión de las personas en el ejercicio de sus derechos. “El principal efecto es que las instituciones dejan de ser entidades garantes de los derechos humanos de las personas, estamos en una situación de indefensión”, indica el abogado Orías.

Y, en ese contexto, “hemos visto actos de corrupción inadmisibles”, señala Orías. Y Archondo aporta el ejemplo del hotel Las Américas como consecuencia de la pérdida de institucionalidad democrática en el país.

A propósito del tema, este martes 25 se presentará en La Paz, el Informe de Situación 2023 de la red UNITAS, elaborado por el Observatorio de Derechos de la institución, en el que consignan las vulneraciones a este y a otros principios.