Entre varias prácticas de acoso y violencia política contra las mujeres, la llamada “gestión compartida” es la que más casos genera en el país y se constituye un mecanismo de presión para forzar la renuncia de mujeres elegidas en cargos de representación. De 151 denuncias de acosos y violencia política presentadas el año pasado, 52 fueron por gestión compartida, de acuerdo con datos de la Coordinadora de la Mujer.

La gestión compartida se entiende como un mecanismo de “rotación” que implica la renuncia de la persona titular, a mitad de mandato, para que el cargo sea ejercido por su suplente. Casi siempre las que renuncian, obligadas, son mujeres, en beneficio de hombres. Como la norma establece el requisito de paridad de género en las listas de candidaturas, la gestión compartida es un atajo para asegurar la presencia de mujeres.

Acuerdos

De acuerdo con el informe defensorial “Obligadas a renunciar”, presentado en mayo de la gestión 2023, de 78 mujeres que afirmaron tener un compromiso de gestión compartida, el 51 por ciento (40) lo habrían hecho de forma verbal, el 44 por ciento (34) de forma escrita y el 5 por ciento (cuatro) no informó al respecto. Asimismo, de 34 compromisos, el 71 por ciento (25) fue a través de la firma de un documento privado, el 26 por ciento (nueve) fue mediante un documento firmado ante notario de fe pública y, finalmente, el 3 por ciento (uno) no informó.

La razón principal para la exigencia de las renuncias es la concepción errada de que la concejala titular está en la obligación de alternar y ceder la titularidad del cargo al concejal suplente y esto porque, en algunos casos, existe de por medio la suscripción de documentos privados que comprometen su renuncia o cesión total o parcial del ejercicio de sus derechos políticos, señaló la representante de la Defensoría del Pueblo de la oficina nacional, Bolivia Sánchez.

La responsable de incidencia política de la Coordinadora de la Mujer, Lucía Vargas, aclaró que en todos casos los acuerdos son “ilegales e inconstitucionales, aunque sean notariados”, porque se trata de acoso y violencia ya que se vulnera los derechos políticos de las mujeres. “Los problemas se presentan cada dos años y medio de gestión, se agrava por la tolerancia y la promoción de los partidos”, señaló.

Explicó que el acoso político es el acto de presión, persecución, hostigamiento o amenazas en contra de mujeres vinculadas al campo político. La violencia política, en tanto, se refiere a hechos y agresiones psicológicas y físicas. Ambos buscan restringir o impedir el ejercicio del cargo y los derechos de las mujeres en el ámbito político. Ambos son delitos penalizados por ley. Desde 2012, Bolivia cuenta con una avanzada ley en este campo, pero las acciones de asedio y los ataques permanecen.

Enfatizó que, con la Ley 1096 de Organizaciones Políticas, los partidos están obligados a atender y sancionar casos de acoso y violencia política contra sus propios militantes dentro de sus propios partidos, pero no lo hacen.

Concejalas

La problemática se presenta más con las concejalas y no así con las asambleístas departamentales y, en la mayoría de los casos, la violencia es ejercida por las organizaciones y los militantes de sus partidos.

En Cochabamba, por ejemplo, en mayo, cuatro concejalas de Sacaba sufrieron acoso y violencia, por las organizaciones sociales afines al partido que representan (Movimiento Al Socialismo), para que renuncien a sus cargos y den lugar a sus suplentes.

La violencia llegó a tal extremo que hubo heridos durante los enfrentamientos que fueron controlados con la intervención de la Policía que procedió a gasificarlos.

Las denuncias

De los 151 casos registrados en 2023 por la Coordinadora de la Mujer, 18 fueron por limitación de funciones, 15 por ingobernabilidad y conflicto de atribuciones, 13 por discriminación, 12 por retención de salarios, 10 por fiscalización, 8 por presión para renunciar y 6 por negativa a la conformación de la directiva del Concejo Municipal, negativa de subsidio por lactancia, negativa de reintegración, presión para la suscripción de documentos contra su voluntad.

Denuncias

La responsable del observatorio de Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia (Acobol), Mayra Poveda, señaló que, en lo que va del año, el 90 por ciento de las denuncias recibidas es por gestión compartida. “Se ejerce presión para lograr la gestión compartida, quieren que las concejalas renuncien a favor de sus suplentes, rechazan su fiscalización, les retienen el sueldo y limitan su trabajo, no les dan escritorio, les impiden subir a los coches oficiales, les niegan espacios en las tarimas”, sostuvo.

DENUNCIAS

Santa Cruz, Cochabamba y La Paz concentraron en 2023 el 84 por ciento de denuncias por acoso y violencia política; Oruro Pando y Tarija no presentan denuncias.

LEY 243

Bolivia cuenta con la Ley 243 contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, del 28 de mayo de 2012.

La misma que, a juicio de investigadoras, debe ser fortalecida con la capacitación de los funcionarios encargados de darle cumplimiento.

OPINIoNES

“Hay barreras de permanencia que tienen que sortear, la de los acuerdos forzosos, el no asignarles presupuesto. No logran presidir las comisiones; sólo cargos subalternos”.  Lucía Vargas, coordinadora de la Mujer.

“En está última gestión, las concejalas se han negado a renunciar, pese a compromisos de gestión compartida de por medio, entendiendo que tienen todo el derecho de ejercer sus derechos políticos”. Bolivia Sánchez, Defensoría del Pueblo.