En respuesta a una acción de libertad presentada por la diputada evista Lucy Escobar, una jueza de Cochabamba ordenó el sábado al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, convocar a sesión en un plazo de 72 horas para “validar” las leyes sancionadas en la séptima sesión legislativa presidida por Andrónico Rodríguez, el 6 de junio.

La acción de libertad de la legisladora evista fue presentada luego del Recurso Directo de Nulidad (RDN) interpuesto por el diputado arcista Juan José Jáuregui en contra de la sesión presidida por Rodríguez, por la presunta comisión del delito de usurpación de funciones en la convocatoria a esa reunión legislativa.

Rodríguez asumió el cargo de presidente de la Asamblea Legislativa debido a que Choquehuanca sustituyó de forma interina al presidente Luis Arce, quien viajó a Moscú, Rusia.

El RDN presentado por Jáuregui fue admitido la semana pasada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), instancia que aún no se pronunció ni emitió su fallo sobre el fondo del recurso.

“Se ordena el cese de los actos de hostigamiento, búsqueda o persecución sin causa jurídica alguna en contra de Andrónico Rodríguez, por parte de cualquier actor político del país; a su vez, se ordena al Vicepresidente del Estado y Presidente de la ALP, convoque en el plazo máximo de 72 horas a sesión de la ALP a fin de garantizar la validez constitucional de las actuaciones cuestionadas en esta acción tutelar para evitar actos de usurpación a atribuciones previstas en el artículo 158 de la Constitución”, señala el ‘Por Tanto’ de la resolución de la jueza de Sentencia Penal Nº 6 de Cochabamba, Silvia Clara Zurita, a la que accedió Correo del Sur.

La facción evista del MAS, al igual que legisladores de oposición, exigen que se reconozca la legalidad de la séptima sesión de la Asamblea Legislativa y, por tanto, la sanción de las leyes, entre ellas la referida al cese de funciones de los actuales magistrados judiciales, quienes cumplieron su mandato de seis años el 31 de diciembre de 2023, pero que lo extendieron hasta que tengan sustitutos electos por voto popular.

En cambio, la facción arcista del MAS sostiene que la séptima sesión de la Asamblea legislativa fue ilegal y que no debía reconocerse la aprobación de leyes.

Por otra parte, la jueza Zurita ordenó al comandante departamental de la Policía de La Paz, coronel Edgar José Cortez, y los comandantes de seguridad de la Asamblea Legislativa que “garanticen tutela a la vida y la integridad física de Andrónico Rodríguez y se abstengan de emitir órdenes que constituyan protección por acción u omisión o pongan en riesgo la vida o integridad física del presidente del Senado”.