Para el abogado Jorge Valda, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “serviles a la dictadura” cometieron un golpe de Estado contra la democracia al emitir con una “celeridad y rapidez impropia” el Auto Constitucional del 19 de junio de 2024 en el que declaran la nulidad de la sesión del 6 de junio, cuando se aprobó una ley precisamente en contra de estas autoridades autoprorrogadas.

Según Valda, el hecho de que el TCP haya dictado el Auto Constitucional 0041/2024 para ilegalizar a toda una Asamblea Legislativa, entendida como el primer poder del Estado, “mutila” la función legislativa de la Asamblea, lo cual es un golpe de Estado a la democracia, prueba de que el Órgano Judicial está “al servicio de la dictadura masista”.

El pasado 19 de junio, ocho magistrados del TCP declararon la nulidad de pleno derecho contra cualquier acción de la Asamblea convocada por Andrónico Rodríguez para la séptima sesión de la ALP que se desarrolló el 6 de junio. Tal fallo de la Justicia advertía al senador “que será nulo de pleno derecho todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad”.

Valda observó que la declaración de nulidad, solicitada por el diputado Juan José Jáuregui Ururi el 5 de junio, fue notificada a Rodríguez el 6, en menos de 24 horas. El jurista lamentó que la misma eficiencia y rapidez no haya ocurrido para otras solicitudes como la de los juicios en rebeldía, que recién fue determinada como inconstitucional en pasadas jornadas.

GOBERNAR POR DECRETO

“¡Qué celeridad, qué prontitud del Tribunal Constitucional! ¿Pero por qué no resolvieron así la acción de inconstitucionalidad que pedía la nulidad de los juicios en rebeldía presentada el año 2019 y recién resuelta en 2024? Cinco años se tomaron para resolver un tema que atinge a todos los bolivianos juzgados y condenados en rebeldía. Pero si se trata del jefe Luis Arce, el Tribunal Constitucional en menos de 24 horas está admitiendo el recurso de nulidad y dispone la nulidad de una Asamblea Legislativa, de los actos de un poder del Estado”, cuestionó.

Para Valda, lo que está buscando este “ente apócrifo de autoprorrogados” es que Arce gobierne por Decreto porque el Tribunal Constitucional está “al servicio de la dictadura”. El abogado recordó que la Asamblea está muy por encima del Tribunal Constitucional, pues es la única que tiene facultad fiscalizadora después de la censura del ministro de Gobierno.

Al pretender tener más poder que el Legislativo, el delito en el que incurre el TCP es prevaricato, agregó, lo cual es una muestra definitiva de que no existe democracia. “Esto se llama golpe de Estado, esto se llama prevaricato, el TCP y magistrados están incurriendo en prevaricato flagrante, anulando acciones del primer poder del Estado; ellos en definitiva, demuestran que no existe democracia en Bolivia”.