La resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anula la sesión dirigida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, el 6 de junio es la última palabra de la instancia que vigila por el cumplimiento de la Constitución y tiene legalidad pese a los cuestionamientos políticos, afirmó el abogado constitucionalista Williams Bascopé.

«Nos guste o nos guste los auto prorrogados son actualmente el Tribunal Constitucional, carecen de legitimidad, pero se han dado una legalidad forzada. Es una decisión tomada de manera formal por el ente que interpreta estas cosas», manifestó en una entrevista con la red DTV.

Bascopé cuestionó la prórroga de los magistrados del Tribunal Constitucional, cuyas funciones finalizaron en diciembre de 2023, pero mediante recursos legales ampliaron sus mandatos hasta la elección mediante voto popular de nuevos altos cargos de la justicia.

No obstante, esa instancia encargada de velar por el cumplimiento de la Constitución es la que tiene aún la última palabra en divergencias como las actuales.

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«La Constitución es clara en esta situación, las determinaciones que tome el Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y obligatorio para todos, es decir que Andrónico Rodríguez y lo que han determinado ese día ha quedado nulo de pleno derecho porque carece de eficacia y efecto jurídico para todos», puntualizó.

El abogado constitucional expresó que no existe otra instancia más superior que el TCP a la que se pueda apelar dentro del ámbito nacional aunque es posible en el ámbito internacional, pero demorará el trámite.

No obstante advirtió que esta determinación puede generar protestas sociales como los anunciados por organizaciones leales al expresidente Evo Morales, quien se alejó del gobierno de Arce para convertirse en el principal opositor de su otrora ministro de Economía.