Julia Ramos Sánchez inició a sus 20 años su carrera sindical en la ciudad de Tarija cuando era dirigente de la Universidad Juan Misael Saracho (UJMS). Ella estudió Enfermería en la casa de estudios superiores de la capital tarijeña y tras concluir su carrera se trasladó a  La Paz para ser parte de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa de la sede de Gobierno.

En esa entidad estuvo cuatro años y, en 1999, regresó a su tierra natal para fundar las “Bartolinas” en suelo chapaco. Desde ese año es parte del Movimiento Al Socialismo (MAS) y también desde esa gestión hizo un arduo trabajo político para que Evo Morales sea aceptado por las organizaciones sindicales y campesinas en Tarija.

En 2002 postuló para ser diputada, pero no logró llegar al antiguo Parlamento. Si lo hizo en las elecciones de 2005, cuando Evo Morales también fue elegido presidente del país. Fue diputada por Tarija y en la campaña antes de esos comicios tuvo un aporte importante para que Morales sea aceptado por los sectores tarijeños. Organizó asambleas en varias regiones y reuniones para que el líder cocalero pueda mostrar su plan de gobierno. En esa elección, Morales logró un aceptado respaldo en Tarija.

“Ahora tengo esa vivencia, he estado en el poder como diputada electa por Tarija, fui ministra, he estado en el poder, pero también he conocido el otro extremo, lo he vivido en carne propia y eso sirve para fortalecer mis principios y mi lucha para seguir adelante y no quejarme por nada”, dice ahora Ramos, tras recordar su pasado y repasar su presente político.

Mientras cumplía su labor legislativa, Ramos fue designada por Evo Morales ministra de Desarrollo Rural y Tierras. Ese cargo le duró desde el 9 de febrero de 2009 al 24 de enero de 2010. En su remplazo ingresó Nemesia Achacollo. Como ministra tuvo altibajos con varias críticas de sectores campesinos, sobre todo del occidente.

Luego regresó a Tarija para realizar labor sindical con las Bartolinas y siguió apoyando a Evo Morales. Pero ese respaldo se acabó en 2015, cuando Ramos fue detenida en 2015 en un proceso por enriquecimiento ilícito y conducta antieconómica. Pasó dos años en prisión preventiva en la cárcel de Obrajes, en  La Paz, tras los que consiguió una detención domiciliaria. El caso por el que procesaron a Ramos era del Fondo Indígena.

La denuncia del desfalco del Fondo Indígena generó 157 procesos legales. Las pesquisas comenzaron en 2014 y entre las implicadas estaban las exministras Achacollo y Ramos. La denuncia fue sustanciada por Marco Aramayo, quien fue director del Fondo Indígena en 2015. Sin embargo, fue acusado y estuvo siete años en prisión, donde murió por efecto de un ACV en 2022. Aramayo fue torturado y recorrió casi todas las cárceles del país.

El caso del Fondo Indígena fue cerrado por la Fiscalía y ahora no hay ningún detenido. Este caso avanzó lentamente y, en febrero de 2019, Ramos solicitó su sobreseimiento alegando la falta de pruebas en su contra. En marzo de 2023, el ministro de Justicia, Iván Lima, declaró que Ramos no tenía ninguna responsabilidad y prometió que el Gobierno retiraría la acusación. El 13 de mayo de este año, la dirigente fue absuelta definitivamente.

“Lo que he vivido no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ha sido una injusticia total y no debemos permitir que estas acciones continúen contra las mujeres”, dijo Ramos. Nueve días antes del sobreseimiento, la dirigente campesina fue elegida vicepresidenta del MAS del ala arcista. Ella ya había anunciado su apoyo al presidente Luis Arce y dijo que el tiempo político de Evo Morales acabó.

“Pasa que ahora (Evo Morales) se va alejándose más de la confianza y el respeto que le tenía la población”, sostuvo al recordar que los dirigentes pusieron la cara para llevar a Morales a ser presidente del país. “Los dirigentes tienen que saber respetar estatutos y reglamentos de las organizaciones”, dijo Ramos.

Ahora, la dirigente del MAS enfrenta una nueva polémica. Luciana Campero, diputada de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que Ramos tiene 174 propiedades registradas a su nombre en Derechos Reales. La dirigente negó la denuncia.

«Después de 16 años, la señora Julia Ramos le sigue sacando plata a los vecinos del barrio Bartolina Sisa (en la ciudad de Tarija) a nombre de transferirles su propiedad. Basta de estos cobros irregulares y del abuso del MAS”, reprochó la legisladora.

Ramos, en una primera respuesta, aseguró tener solamente un lote en ese barrio. “Yo tengo mi lote ahí, porque todos hemos comprado. De mí es uno (…) y tiene mi hijo (también)”, dijo la dirigente. Luego, en la ciudad de  La Paz, afirmó que le da “vergüenza ajena que una compañera mujer tenga que atacar a otra mujer”. Después amenazó a la diputada Campero y le dijo que tiene 48 horas para oficializar su denuncia, caso contrario, “que se atenga a las consecuencias”.