El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha informado que los próximos comicios nacionales deben llevarse a cabo en agosto de 2025 y ha convocado a las organizaciones políticas a una cumbre política para fijar prioridades técnicas, financieras y políticas con el fin de llevar adelante un proceso electoral transparente y creíble, tarea imprescindible en las actuales circunstancias, dado que en los últimos tiempos el sistema democrático ha sido gravemente afectado en su estructura y fundamentos básicos.
Aunque en primera instancia han surgido algunas interpretaciones partidarias muy particulares, cabe aclarar que la fecha tentativa responde a plazos claramente establecidos en la Ley de Régimen Electoral. En términos simples: el 8 de noviembre de 2025 debe asumir un nuevo gobierno y para cumplir ese plazo la votación debe realizarse por lo menos 70 días antes; eso considerando la posible repetición de votaciones en mesas anuladas o una inédita segunda vuelta electoral.
Por otro lado, cabe recalcar que en el nuevo ciclo electoral debe realizarse la reasignación de escaños parlamentarios en función de los resultados de Censo de Población y Vivienda, lo que implicará, además, una redistribución de las circunscripciones uninominales tanto en los departamentos que cedan escaños como en los que incrementen su representación parlamentaria.
Adicionalmente, y por el bien de la democracia, el TSE debe asumir con seriedad el desafío de transmitir y publicar prontamente los resultados preliminares de la votación, para evitar susceptibilidades o incertidumbres peligrosas y malsanas. Es pertinente recordar que en la gestión de Salvador Romero el TSE adquirió un software especial de la empresa inglesa Reckon Digital que no fue utilizado; posteriormente, personal del TSE desarrolló una plataforma propia cuyo uso fue suspendido pocas horas antes de la votación del 18 de octubre de 2020. Esos extremos no se pueden repetir bajo ninguna circunstancia.
En el ámbito político partidario los desafíos no son menores. Primero está en agenda la elección judicial puesto que la prórroga ilegítima de los magistrados debería acabar a la brevedad posible; segundo, se debe resolver la vigencia legal del MAS y la habilitación o inhabilitación de Evo Morales; y, en tercer lugar, se debería acordar la suspensión de las elecciones primarias que, a todas luces, son un fiasco anticipado. Nutrida agenda que requiere de pactos políticos de buena fe, algo casi impensable en estos tiempos.
En cuanto a los partidos opositores al MAS, ya se han anunciado varias precandidaturas; las mismas de siempre, candidatos incapaces de lograr votaciones importantes y de ofrecerle al electorado una verdadera alternativa política e ideológica. Naturalmente, la participación es un derecho inalienable, pero sería muy saludable que los dirigentes entiendan que la multitud de mini partidos deriva a la larga en tráfico de siglas y compra de votos. Todo reñido con la calidad de la democracia.
El Padrón Electoral merece una consideración especial. No existe ninguna posibilidad de elaborar un nuevo registro de votantes; por lo tanto, el TSE debe trabajar intensamente en transparentar toda la información y despejar uno a uno todos los cuestionamientos existentes junto a otros bulos como el relato de que el voto del campo vale el doble que el de las ciudades.
Toda esta agenda se debe resolver en medio de una difícil situación económica y social que se complica cada día más. El TSE tiene en sus manos un desafío histórico; es de esperar que actúe con probidad e hidalguía.