La Comisión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llegó al país el 15 de los corrientes por invitación del propio Conisur (Consejo Indígena del Sur). Esta Comisión no tardó en tropezar con dificultades y atentados. Su propósito era constatar la construcción de tres puentes al sur del Tipnis, y si la obra perjudicaba el hábitat indígena. A su llegada le recordaron al presidente Evo Morales que el Tribunal se creó el año 2013 por propuesta suya y como consecuencia de la Cumbre del Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra de Tiquipaya, auspiciada en 2010 por Morales.

El ministro de Gobierno Carlos Romero otorgó garantías para el ingreso a la zona de visita al Tipnis, sin embargo, se impidió a la Comisión llegar a Isinuta, localidad centro de las actividades del Conisur, organización de los llamados “colonos”, es decir cocaleros asentados en esa región. Éstos en gran número ejercitaron acciones prepotentes, afirmando que la delegación no contaba con “autorización” de ingreso, a la vez que se daban el título de “dueños de casa”. Los vehículos se encontraban bloqueados por otros motorizados y fierros. El hecho se tradujo en un secuestro por más de 6 horas, sin que alguna autoridad civil o uniformada se hiciera presente. Por fin, el retorno se debió a la mediación de un ex senador del MAS, después de que los invitantes (Conisur), borraron con el codo lo hecho con la mano, negando haber cursado la invitación.

Estamos ante otra evidencia de la feudalización del territorio como una derivación del actual Gobierno. Solo en la Edad Media los señores feudales actuaban como suprema autoridad y exigían requisitos para el ingreso o salida de sus posesiones. Algo similar viene ocurriendo por campesinos que exigen una suerte de peaje para el paso de vehículos en cualquier carretera o camino, según sus decisiones. Hay poblaciones -especialmente fronterizas- que no permiten transitar a la Aduana Nacional ni inspeccionar a contrabandistas, de quienes se han convertido en fuerza de choque, practicando secuestros de funcionarios aduaneros y hasta casos impunes de asesinatos. De modo que el secuestro de Isinuta es cosa más o menos corriente y casi normal fuera de las áreas urbanas.

Es mandato constitucional el derecho de libre tránsito y rige o debería regir tanto para nacionales como para extranjeros. El Gobierno está obligado a dar alguna explicación por tan lamentables sucesos y sancionar a los secuestradores. Al parecer la coca goza de muchas garantías y tiene cobertura de extraterritorialidad si su cultivo ocupa regiones ecológicas y parques nacionales protegidos, como el Isiboro-Sécure, declarado intangible por ley.