Tras la sanción de una ley que cesa de sus funciones a magistrados prorrogados ilegalmente en sus cargos, mediante una carta dirigida a varios organismos internacionales, miembros de la alianza Creemos denunciaron una “vulneración al sistema democrático e independencia de poderes”, solicitando protección y garantías a la democracia en Bolivia.
En la misiva, se denuncia que “el Tribunal Constitucional Plurinacional, con una simple declaración constitucional trató de extender su mandato convirtiéndose en un supra poder, ilegal e ilegítimo, disponiendo a diestra y siniestra cual es el trabajo que debe realizar el Órgano Legislativo, sin temor a ningún tipo de represalia por detentar la protección y aval del Órgano Ejecutivo”.
Los parlamentarios de Creemos realizaron una cronología de los hechos políticos en el país antes de la citada Sesión de Asamblea, realizada el 6 de junio, hasta los detalles sucedidos ese mismo día y que buscaron impedir su concreción.
“Es preciso trasladar a su conocimiento que la convocatoria para sesión de Asamblea de Bolivia fue emitida en el marco de la exigencia del pueblo boliviano y de la preocupación de Organismos Internacionales sobre el proceso de preselección de postulantes a elecciones judiciales bolivianas misma que era boicoteado por el propio Órgano Judicial, bajo instrucciones del Órgano Ejecutivo y que derivó en una inédita auto prórroga de mandato de las altas autoridades judiciales, dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional”, señala parte de la misiva.
“Ante este escenario crítico, era necesario que se convoque a Sesión de Asamblea, sin embargo, emitida la convocatoria por el presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, Andrónico Rodríguez, existieron hechos previos y posteriores que atentan la democracia representativa y al sistema democrático boliviano”, detalla la carta.
Los senadores y diputados de Creemos se dirigieron a la Organización de Estados Americanos (OEA), Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Unión Europea (UE), Organización de Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Relatoría para la Independencia de Jueces y Abogados de la OEA y la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA.
Uno de los puntos de la carta se refiere a la obligatoriedad que tiene la Asamblea Legislativa de continuar con el proceso de elecciones judiciales, paralizada en tres oportunidades por una serie de acciones inconstitucionales que obstaculizaron el proceso de preselección de postulantes; en esta última por una resolución de la Sala Constitucional.
Para finalizar, los senadores y diputados opositores piden a los diferentes organismos internacionales referidos que prevea los mecanismos para “brindar protección de derechos humanos y que velan por la institucionalidad democrática, realizar un seguimiento y monitoreo permanente de la situación de Bolivia, para documentar la situación real de los derechos en el país y promover las acciones que se requieran en defensa de los parlamentarios democráticamente electos, la Democracia y el Estado de Derecho en Bolivia, los derechos humanos y derechos políticos que son constantemente vulnerados con actos violentos”.