Reiterando la legalidad de la reciente sesión plenaria de Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocada y presidida por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en la que se sancionó un proyecto de ley que cesa las funciones a las actuales cabezas del Órgano Judicial, miembros de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, señalaron que está en manos del presidente Luis Arce, promulgar la norma y bajar la tensión social que se registra en el país.
En conferencia de prensa, Enrique Urquidi, jefe de bancada de CC en Diputados, señaló que la sesión plenaria del Parlamento nacional, realizada el jueves de la semana pasada, fue producto del acuerdo entre la mayoría de los parlamentarios que componen este Órgano del Estado, con un mensaje claro para las exautoridades judiciales y sus intentos de permanecer en funciones que no les competen.
“La Asamblea en la sesión del pasado jueves, ha definido y tomado la decisión de aprobar la iniciativa legislativa de Comunidad Ciudadana, con la cual se ha cesado de sus funciones a los ‘autoprorrogados’ que han estado usurpando funciones en altas instancias judiciales”, aseguró el legislador representante del departamento de Oruro.
En criterio de Urquidi, el pronunciamiento de la ALP es oficial y el apoyo recibido por las fuerzas de oposición, sobre todo de Comunidad Ciudadana, es el reflejo de la perseverancia en el pedido de cesar de sus funciones a exautoridades de justicia cuyo mandato feneció en los primeros días de la presente gestión.
Por lo expuesto, el asambleísta de oposición sostuvo que ha quedado en manos del Presidente del Estado, el cumplir con sus deberes constitucionales y promulgar la norma sancionada por la ALP, para así poner fin a un tema que ha mantenido paralizada a la Asamblea Legislativa y genera incertidumbre en la población.
“La ALP ha cumplido y dado su respuesta institucional, ahora está en manos del presidente Luis Arce Catacora y su gobierno, el poder promulgar esta ley. Si al primer mandatario aún le queda un mínimo de sensatez, sentido común y responsabilidad con el país, debe, en el plazo de diez días, promulgar esta ley 075”, dijo.
Sobre la consulta remitida al TCP por el vicepresidente David Choquehuanca, en la que se pide un pronunciamiento de esa instancia en relación a la validez de la sesión plenaria del Parlamento, convocada por el titular del Senado, en la que se aprobó y sancionó la Ley 075 que cesa las funciones de los denominados “magistrados autoprorrogados”, Urquidi recordó que uno de los principales problemas en el último tiempo fue la insistencia del Gobierno por dar legalidad y legitimidad al mandato de autoridades judiciales cuestionadas.
“Constitucionalmente tienen un plazo de diez días para promulgar o, en su caso, observar la normativa. Más allá de la medida asumida por el vicepresidente, nosotros no reconocemos a ese Tribunal Constitucional”, insistió
En ese sentido, el legislador de oposición enfatizó que, en la actual coyuntura, está en manos del presidente Arce, el poder “bajar la tensión, además de la conflictividad social y generar espacios de diálogo con la Asamblea”.
“Nosotros vamos a aguardar que el Presidente del Estado actúe en consecuencia”, dijo.
El jueves de la semana pasada, la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocada por Andrónico Rodríguez, aprobó el proyecto de ley 075 que cesa en el cargo a los magistrados prorrogados del Órgano Judicial.
“Los Magistrados y Consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, conforme dispone la Constitución Política del Estado, cesarán en sus funciones el 2 de enero de 2024”, señala el artículo 2 de dicha norma.
La aprobación contó con el apoyo del ala “evista”, Comunidad Ciudadana y Creemos, que se presentaron a la sesión, pese al rechazo del ala “arcista” y un dictamen del Tribunal Constitucional que impedía al titular del Senado realizar la sesión.
Asimismo, se aprobó una resolución para dar continuidad a las elecciones judiciales, un crédito internacional por 176 millones de dólares y el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto.
Una vez concluida la sesión, asambleístas del ala “arcista” en el MAS denunciaron que Andrónico Rodríguez cometía un delito al llevar adelante una sesión plenaria de la ALP pese a una decisión del TCP que negaba esta posibilidad.
Como medida provisoria, el TCP dispuso suspender la competencia de Andrónico para llevar adelante la sesión, pero esta determinación fue desoída por los parlamentarios “evistas” y opositores que desconocen la legalidad del Tribunal prorrogado.
Dos días después de la polémica sesión, la agencia estatal de noticias informó que el vicepresidente, David Choquehuanca, pidió al TCP, a través de una nota, pronunciarse sobre lo obrado en la sesión de la ALP, convocada y presidida por el presidente del Senado, pese a una medida cautelar que dispuso suspender la convocatoria.
En la misiva, se pide “un pronunciamiento constitucional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos legislativos, para que se imprima la gestión que corresponda o, en su defecto, disponga que se devuelvan esas comunicaciones para reencauzar el procedimiento legislativo que corresponda”.
En la consulta de Choquehuanca se hace un extenso repaso del recurso presentado por el presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jáuregui, en contra, precisamente, de la convocatoria a sesión.
“Conscientes de que hay que seguir la normativa legal del país, lo que hemos hecho es enviar al TCP una nota para que nos diga si valió o no la notificación, si fue legal o no”, explicó.