“Con supuestas reivindicaciones sociales se están gestando movilizaciones que están claramente articuladas con un objetivo, y este es desestabilizar al Gobierno”, alertó el analista Valda en el programa Dialogando con el pueblo de las RPO.

El Gobierno nacional soporta un ataque especulativo que afecta directamente a la economía de la población boliviana. Las arremetidas están direccionadas hacia la distribución de combustible y al alza de algunos productos de la canasta familiar, entre otros temas que son utilizados por opositores como Evo Morales, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho. Según el analista, existe una articulación de estos actores políticos, que tienen intereses electorales, con algunos dirigentes como Héctor Mercado, de la Cámara Boliviana de Transporte (CBT) o Juan Yujra, del transporte pesado de Santa Cruz, para dar un “golpe constitucional”.

Valda consideró que llama la atención que dirigentes del Norte Integrado de Yapacaní, Santa Cruz, demanden la aprobación del crédito para construir la carretera, pero amenazando y cerrando válvulas petroleras, esto en alusión a que Ismael Marquina, ligado a Evo Morales, impulsó la acción en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“Esto hay que decirlo porque no es casual el bloqueo, afectando a la economía, que es lo que se quiere, principalmente, cuando la dirigencia de este sector debió trasladarse a la Asamblea para exigir su crédito a los diputados y senadores, pero hacen todo lo contrario”, mencionó.

Se denunció también la alianza opositora en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que trata de desconocer la tuición del vicepresidente David Choquehuanca.

A esto se suma la campaña por “las buenas o por las malas” de Evo Morales, quien busca ser habilitado para las elecciones generales de 2025, a pesar de que existe una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que indica que la reelección no es un derecho humano.

Morales gobernó el país en tres gestiones, desde 2006 hasta 2019.

“Entonces, hay movilizaciones infundadas o reivindicaciones que más parecieran ser una excusa para amenazar a la gente. Lo que está sucediendo hoy es que esta alianza denominada radical claramente está generando un golpe institucional con un objetivo claro y concreto, que es generar desestabilización a un gobierno elegido con el 55 por ciento de los votos electorales, como es el gobierno del presidente Luis Arce”, enfatizó.