A través de sus redes sociales, Requena señaló que es importante exigir mayor información sobre todo contrato estatal relacionado con la actividad minera, pues de esta forma se puede hacer seguimiento de cualquier intento para permitir que la actividad extractivista en el país vulnere derechos de la población y provoque daños irreversibles al medio ambiente.

“Se exige debida transparencia estatal en la información relacionada a contratos mineros que violan derechos, la Constitución Política del Estado y otras normas. Somos cada vez más quienes luchamos por temas indispensables como salud, agua, bosques y otros, tratando de evitar una irreversible autodestrucción”, señaló la asambleísta de oposición.

Adelantando compartir con la Defensoría, y otras instancias que lo requieran, toda la información de carácter público relacionada con contratos mineros, informes y otros análisis en los que se explican todas las ilegalidades cometidas en el tratamiento de contratos mineros como plazos vencidos, carencia de estudios ambientales, problemas con consulta previa y otros, Requena cuestionó la dificultad para evitar que actividades depredadoras de la naturaleza se expandan en distintos puntos del territorio nacional

“¿Cómo es posible que haya que batallar tanto para que el Legislativo no legalice ilegalidades y violaciones de derechos humanos”, expresó.

El viernes, mediante un comunicado, la Defensoría del Pueblo recordó que en los últimos años, el país viene atravesando situaciones adversas respecto al medio ambiente, que, por diferentes causas, afectan el ejercicio de los derechos humanos de las y los bolivianos, con mayor impacto en pueblos indígena originario campesinos, que se encuentran en una alta situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se puntualizó que según el “Acuerdo de Escazú”, ratificado por  Bolivia el 3 de junio de 2019, la Defensoría del Pueblo, interviene de manera preventiva en todos aquellos casos que puedan vulnerar los derechos humanos en asuntos ambientales, haciendo hincapié en el Acceso a la Información Ambiental, como el derecho a pedir información que todas las personas tienen en relación a asuntos ambientales y desarrollo sostenible.

En esa línea, se hace un seguimiento al tratamiento del Proyecto de Ley (PL) 036/2023-2024 “Aprobación de diecinueve contratos administrativos mineros suscritos por la Dirección Departamental de La Paz de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, con Cooperativas Mineras”, de las cuales, se solicitó la respectiva información a las instancias competentes.

Las respuestas otorgadas a las solicitudes enviadas a la Asamblea Legislativa Plurinacional, no cuentan con los informes técnicos del PL, siendo fundamental la necesidad de una Auditoría Ambiental de Línea de Base, en caso de que estas áreas de explotación minera fueran explotadas previamente o que éstas áreas, estuviesen dentro de las restricciones establecidas en el art. 93.III incisos. a) y c) de la Ley 535. En ese marco, es imperante que la población tenga certeza sobre estos puntos de modo que se permita el ejercicio pleno del derecho de acceso a la información de todo ciudadano en aplicación del ‘Acuerdo de Escazú’.

“Cabe recordar que el Estado es responsable del cumplimiento del ‘Acuerdo de Escazú’, para lo cual debe promover la transparencia de la información en todas sus instancias, sobre todo en el cuidado de los derechos humanos en asuntos medio ambientales, materializando así la convivencia armónica y pacífica con la Madre Tierra”, señala parte del documento.