La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) denunció amenazas de mineros cooperativistas y a gritos pretendieron la tarde del miércoles hacer aprobar 19 contratos ilegales. La senadora arcista Ana María Castillo dijo que “no podemos estar sometidos a una minoría que pretende obstaculizar nuevamente estos contratos mineros, so pretexto de la Ley Ambiental”.

En abril una investigación a los 19 proyectos estableció que ninguno presentó estudio ambiental, están ubicados en el área tropical de La Paz, por 30 años y que se utilizará mercurio para extraer oro, cuarzo, zinc, plomo y plata.

“Que haya gente de cualquier sector que venga a gritarte en la Cámara de Senadores es inadmisible. Le hemos reclamado al presidente de la Cámara de Senadores (el evista Andrónico Rodríguez), el parlamento debe ser un lugar de diálogo”, denunció la senadora Andrea Barrientos (CC).

Durante la sesión de este miércoles, un sector minero cooperativista empezó a gritar y pedir que se apruebe los 19 contratos, mientras los legisladores estaban con la palabra.

“Presidente hemos tenido varias conversaciones respecto a los contratos mineros cuando se envió los contratos a las comisiones, tuvimos que pelear para que eso sea derivado a la Comisión de Medio Ambiente. (…) no se puede hacer las cosas entre gallos y medianoche para tratar de quedar bien con un sector o no”, dijo Barrientos, mientras era interrumpida por los gritos del sector minero que asistió a la sesión.

Barrientos pidió respeto a las normas para la aprobación de los proyectos de ley. "Hay plazos y normativas que tienen que ser respetadas y la obligación suya (Rodríguez) es respetar eso. Yo le pido presidente con el mayor respeto a la gente que está acá arriba, yo no (los) veo, porque están detrás mío, pero yo no admito sesionar así mañana, ni sesionar así hoy día".

La parlamentaria de Cochabamba denunció que nadie puede aprobar proyectos de ley bajo amenazas. “Yo no me voy a hacer amenazar ni con mineros ni con comerciantes, ni con transportistas ni con nadie. Estoy en todo mi derecho democrático e institucional de decirle a quien está gritando detrás mío, que no porque venga a gritarme y amenazarme al Parlamento nacional, yo voy a aprobar una norma. Yo no lo voy a hacer”.

El 19 de abril del presente año, la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Senadores aprobó la Ley 036/2024 que autoriza 19 contratos mineros en el norte de La Paz. Sin embargo, cuatro días después, la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado rechazó dicha norma porque, si se lo aprueba, causará un desastre ambiental en el norte paceño.

Para Barrientos, “estos 19 contratos no pueden ser aprobados, primero porque han expirado los 90 días, segundo, porque no tienen ni cuentan con licencias ambientales, tercero, porque hay una clara vulneración y explotación por medio, que está usurpando tierra que debería estar destinada para otras cosas”.

Sin embargo, la petición de que tales contratos sean tomados dentro de la agenda de la Cámara Alta fue apoyada por la senadora arcista del MAS, Ana María Castillo, que indicó que el Senado no puede estar sometida a la presunta minoría parlamentaria y mencionó que no se puede obstaculizar la aprobación de tales permisos.

“Acá no podemos estar sometidos a una minoría que pretende obstaculizar nuevamente estos contratos mineros, so pretexto de la ley ambiental. Son muchos años que están a la espera: ¿cuándo vamos a darle vía legal, con este tipo de obstáculos?, ¿cuándo pretendemos regularizar? Alguien dijo que no tenemos miedo al debate, debatiremos, debatamos el día de mañana y ahí veremos cuán importantes son estos contratos y la aprobación de estos contratos”, indicó la legisladora arcista, en la sesión transmitida por Facebook.

¿A quiénes benefician los 19 contratos?

En abril pasado, la senadora ambientalista Cecilia Requena (CC), además con información lograda por Sumando Voces en las comisiones que trataron este tema, denunció que los 19 contratos están ubicados en el departamento de La Paz: 13 en la provincia Inquisivi, cuatro en Larecaja, una en la provincia Loayza y una en la provincia Murillo. En cuanto a municipios, 11 están en Inquisivi, dos en Teoponte, una en Sorata, una en Quime, una en Guanay, una en Cajuata, una en Malla y una el municipio de La Paz.

Requena estableció que las concesiones mineras son por 30 años. De los 19 contratos, 17 son para explotar oro, uno para extraer oro y cuarzo y uno para zinc, plomo y plata. También constató los métodos de extracción, según sus planes de trabajo, al menos cinco utilizarán mercurio, seis harán uso de explosivos y muchos planes no especifican.

En criterio, de la senadora de CC los planes demuestran que se practicará “una minería brutal sin los debidos controles”. Además, denunció que ninguna de las cooperativas presentó estudio ambiental, pese a que la Ley Minera, en su artículo 93, inciso C, indica que deben presentar un estudio ambiental con enfoque multisectorial. La norma, textualmente dice: “En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a estudios ambientales con enfoque multisectorial”.

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