Tras las determinaciones asumidas por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en días pasados, aprobando un paquete de normas, el bloque opositor de Comunidad Ciudadana (CC) demandó el cumplimiento de estas acciones y advirtió con movilizaciones para defender la legitimidad de esta instancia gubernamental.

“Ha llegado el momento en que no podemos nosotros estar dependiendo de esta alianza entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial contra el Parlamento nacional”, manifestó el senador Guillermo Seoane, en conferencia de prensa.

Para el senador, lo que ha sucedido el día jueves es el despertar del primer poder del Estado para recuperar su dignidad y la legalidad democrática, cuestionando que se tenga que esperar la aprobación de la justicia para poder deliberar.

En la sesión del pasado jueves, el pleno del Legislativo sancionó el proyecto de ley 075 de cese a los magistrados autoprorrogados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional, al igual que se aprobó una resolución para dar continuidad a las elecciones judiciales, se aprobó un crédito de $us 176 millones y el decreto presidencial de amnistía e indulto.

“Hemos hecho una resolución que le permite a la comisión de mixta de Constitución y la de Justicia reiniciar el proceso de la elección de los jueces y magistrados, dando las prerrogativas para continuar con ese proceso que el Gobierno en su alianza con los autoprorrogados quiere evitar”, acotó el parlamentario.

Seoane consideró que no se debe pasar por alto lo asumido por los 109 parlamentarios que estuvieron presentes en la sesión, por lo que se espera que el Órgano Ejecutivo asuma las determinaciones en torno al paquete de normas.

“Así como nos hemos movilizado para otro tipo de acciones, nos vamos a movilizar en defensa de la democracia (…) Va a haber una gran movilización donde estaremos todos los diputados, senadores y el país en sí en defensa de la democracia”, apuntó.

Desde la alianza Creemos, el máximo dirigente Luis Fernando Camacho manifestó que la aprobación para el cese de los magistrados autoprorrogados se enmarcan en la Constitución y son acciones legales y legítimas del Poder Legislativo, que “restituye el Estado de Derecho” en el país.

“De no respetarse las acciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el gobierno de Luis Arce quedará ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional como un presidente que ha salido de facto del cauce constitucional y democrático”, enfatizó Camacho. (Con datos de Unitel)