A quemarropa: ¿las próximas elecciones están en riesgo? No hablo de las elecciones (per)judiciales, bloqueadas por mano del consorcio TCP-operadores políticos del Ejecutivo. Tampoco me refiero a las primarias para binomios presidenciales que, en el actual escenario, parecen inviables (e inútiles). La duda tiene que ver con las elecciones generales. Nada menos. En otros términos: ¿se posesionará, el 8 de noviembre de 2025, el nuevo binomio presidencial electo?

Semejante pregunta, en sí misma, es escandalosa. La realización periódica de elecciones para renovar el mandato de autoridades, en fecha cierta, no debiera estar, bajo ninguna circunstancia, en duda. Pero empieza a circular, sea como denuncia, sea como tentación, en algunos patios interiores. De un lado, quienes alientan el colapso para adelantar los comicios; del otro, los que tejen la parálisis decisoria para postergar, sine die, la votación. Es obsceno.

A reserva de lo que suceda con las inciertas elecciones judiciales, que deben realizarse este año, y las primarias, que podrían quedar en suspenso, la certidumbre sobre las elecciones generales es una condición democrática ineludible. Sin judiciales, se magulla el Estado de derecho. ¿Y sin primarias? Solo se relega, como en 2020, la democracia interna en los partidos. Pero la pretensión de alterar los comicios 2025 implica cruzar una línea roja antidemocrática.

¿Cómo se pondrían en riesgo las elecciones generales? ¿Qué impediría su realización en agosto con previsión de segunda vuelta en octubre? Por tratarse de un proceso de mandato fijo, la convocatoria corresponde al TSE. No depende, pues, de la voluntad o veto de los otros poderes del Estado. Hay que anular, entonces, al garante de los comicios. Se lo puede hacer con sentencias constitucionales a la carta. O peor: detonando una crisis en el Órgano Electoral. Sería terrible.

Así las cosas, el imperativo común es blindar el sistema electoral y, en especial, su institucionalidad. Ello supone asumir que el TSE es la última instancia decisoria en materia electoral. No caben magistrados ni jueces fallando sobre partidos, candidatos, elecciones. Se requiere asimismo allanar el camino hacia los comicios 2025, empezando por las primarias y la redistribución de escaños. Y despejar falacias sobre asuntos como el padrón, objeto recurrente de guerra sucia.

En democracia, las urnas son la fuente de legitimidad de gobernantes y representantes electos. En nuestra democracia con huecos, las urnas evitaron coyunturas críticas o permitieron superarlas por cauces pacíficos e institucionales. Ni derrocamientos, ni autoprórrogas, ni suprapoderes, ni autoproclamaciones. Hay que votar en agosto de 2025.

FadoCracia fumigadora

1. La A-Ele-Pé, ese órgano del poder público hoy en discordia, casi fue fumigada. Se trató de un operativo súbito para desinfectar sus ambientes. Había que “prevenir enfermedades estacionales respiratorias” (sic). 2. El jueves pasado, también, hubo mantenimiento, previo corte, de luces, ascensores y sonido en el hemiciclo. Y hasta cerraron puertas. Había que impedir la sesión del pleno de la Asamblea. 3. A la velocidad de la luz (de la sombra, más bien), el mismo día, el TCP emitió un auto constitucional declarando nula toda acción del presidente en ejercicio de la Asamblea. Los magistrados saben para quién trabajan. 4. Ni humo, ni candados, ni notificaciones lograron bloquear la sesión. Hubo quorum. Y en dos horas se aprobaron varias leyes engavetadas durante meses. 5. Las normas sancionadas fueron al Ejecutivo para su promulgación. Seguramente Lucho las derivará… ¡al TCP! ¿Alguien duda sobre lo que decidirán los autoprorrogados respecto a su cesación? 6. La A-Ele-Pé será fumigada. Esta vez en sus cimientos. 7. Y el nuevo (des)orden constitucional “volverá y será millones”. Como el tomate.