Una carta enviada por el presidente en ejercicio, David Choquehuanca al autoprorrogado Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) da cuenta de una petición para que este ente se pronuncie respecto de las leyes que aprobaron en la sesión de Asamblea del 6 de junio. El presidente interino hace conocer que la documentación aprobada en ese entonces llegó a este despacho.

“A objeto de evitar nulidades o irregularidades que comprometan al Órgano Ejecutivo, agradeceré que el Tribunal Constitucional Plurinacional, en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le asiste, emita un pronunciamiento jurisdiccional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos legislativos para que se imprima la gestión que corresponda”, señala el texto de la carta que fue enviada el viernes y dirigida a Paul Franco Zamora.

A mediodía del 6 de junio, 106 legisladores de las tres fuerzas políticas con presencia en el Parlamento, sancionaron dos leyes y el decreto presidencial de indulto para un grupo de reos en los penales. Esos documentos fueron enviados al Órgano Ejecutivo para su promulgación, tal como indica el procedimiento legislativo.

Hasta la Casa Grande del Pueblo llegaron la Ley para Reestablecer la Plena Vigencia de los Artículos 183, 188.III, 194.III y 200 de la Constitución Política del Estado (de cesación de los actuales magistrados autoprorrogados); Ley que aprueba el contrato de préstamo por $us 176 millones de la CAF; y la resolución que aprueba el decreto presidencial 5137 de indulto.

La Vicepresidencia también hace notar que existe un auto constitucional respecto de estos mismos temas que fueron objetados por una demanda que interpuso el diputado Juan José Jauregui, demanda que declaró como ilegal la sesión y que los actos de la misma serían nulos.

El documento hace un recuento extenso de las conclusiones de ese auto constitucional y refiere que pese a ese documento la sesión continuó y emitió tres disposiciones legales. Según el procedimiento constitucional, el Órgano Ejecutivo tiene 10 días para la promulgación de las leyes que le envían desde el parlamento y si no tienen una respuesta las leyes pueden ser promulgadas por el presidente de la Asamblea.