Acostumbro oír la opinión de chóferes del transporte público. Un taxista, sobre las suspendidas elecciones judiciales en abril pasado, con un tono desengañado me dijo: “Los futuros magistrados y consejeros electos no desinfectarán al Órgano Judicial. Ni en el mínimo escondite de sus mentes está presente esa preocupación y tampoco en algún escondrijo de sus conciencias”. Ambos coincidimos e inferimos que todos, sin titubear, se comprometerían en público a transformar a la Justicia, aunque sea mentira en sus conciencias. Les comparto esta crónica que recreará, qué experiencias tuvieron los postulantes.

Yo acudí a la Convocatoria. En el antiguo edificio del Parlamento hice fila al borde del plazo: al mediodía del domingo 10 de marzo. Unos y otros comentaban sobre sus años respectivos al mando de sus cargos judiciales: se doctoreaban. Se aprestaban expectantes para continuar o para tener una oportunidad. Una de ellas me alardeó alegando que su “jefe”, al que cooperaba solicitando “solvencia fiscal” en la Contraloría General del Estado, era amigo personal del ministro más influyente con cuya anuencia era director general en una entidad descentralizada. Una semana después supe que había sido esposa y no la diligente funcionaria. Además, era exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. Se postulaba al Tribunal Constitucional y el esposo, como yo, al Consejo de la Magistratura.

El jueves 7 de marzo constaté cuán relativo era cumplir un requisito. Ese día, en los pasillos de la Contraloría nos conocimos entre postulantes. Los deudores de grandes a pequeños montos al fisco (Estado) habían estado solicitando la “Exclusión de registros”, sin cancelar peso alguno. Solo se dirigían con una nota, adjuntando copia de la Convocatoria y la factura de cincuenta bolivianos por derecho de correspondencia, al subcontralor de Servicios Legales, Clavijo Ponce. Declaraban que el antecedente negativo les obstruía para concursar. La Contraloría abrió sus ventanillas, incluso, el sábado 9 de marzo solo para emitir certificados de solvencia fiscal. En cambio, yo había cancelado mi pequeña deuda al cien por ciento en Impuestos Nacionales. Por dos semanas recorrí de oficina en oficina para que emitieran resoluciones y liberaran mi registro de deudas hacia la ASFI y la Contraloría.

En el periodo de impugnaciones comprobé que la meritocracia también era relativa. Los políticos, analistas, periodistas y las voces de la población apostaban por los méritos de los postulantes. Empero, la meritocracia expuesta en papel impreso ocultaba actos y camuflaba conductas cuestionables del pasado. No es casual que los neurocientíficos sean adversos a los sustantivos. Ellos dicen que los sustantivos ocultan a los verbos, son más abstractos, nimios de energía. Un verbo disfrazado de sustantivo vira camuflado, adaptado, supeditado y resignado. En cambio, el verbo es acto y aviva potencia a la oración.

En mi opinión, las características del sustantivo se asemejan con el perfil del postulante, exfuncionario. Pues, si demuestra en su currículo que ejerció por varios años en el mismo cargo, deberían sonar nuestras alarmas. Es más probable que haya sido por ser un habitual servidor funcional. Veamos más.

Aquel exservidor, como el sustantivo, mientras dirigió a unidades de transparencia, a recursos humanos, a direcciones administrativas y haber sido sumariante debió camuflar al abuso de jefes a subalternos, debió adaptarse al desorden establecido por camarillas para nadie desconocidos, debió supeditarse a sus jefes y debió resignarse a pesar de haber constatado corrupción, cohecho, acoso e ilegalidades. Sólo así pudo mantenerse en el mismo cargo por más de un año.

La Comisión Mixta de Justicia de la Asamblea Legislativa insistió en ponderar los méritos acumulados. Con ello abrió la tendencia a que los actos ilegales y antecedentes cuestionables que no hayan sido ejecutoriados o los procesos judiciales en curso sean omitidos y más bien den vía libre en la preselección. El diputado cruceño Gutiérrez insistió, sin éxito, que las denuncias sean válidas para inhabilitar si estas tenían indicios graves.

Un exmiembro de la guerrilla de los 80, solía llamarlos: falderos y vacilones, al tipo de funcionarios que caractericé. Decía que estos sujetos: “Meneaban a gusto de sus superiores. Eran cómplices incesantes. Olfateaban y pronosticaban el nombre de un futuro jefe y hasta perdiendo dignidad le buscaban y se hacían de lamehuevos”. Estas historias son usuales hasta hoy.

Desde marzo, la prensa nacional develó casos. Algunos exservidores estarían siendo presentados, acentuados y avalados como leales y predilectos elegibles. Pero, ¿leales a quién? El leal al jefe es carente de principios y de ética.

Es antiético que exfuncionarios recientes sean candidatos, otro descrédito. Los exfuncionarios, no es por acaso que se postulan. Un minibusero de la 937 me dijo: “Los exfuncionarios taparán a sus huecos, por ejemplo, la firma de estos exmagistrados, exvocales y exjueces tarde o temprano será denunciado por algún litigante y entrará en revisión en una instancia superior”. Si el acto de abuso o de prevaricato fue registrado en un Juzgado, un Tribunal Departamental lo revisará o en una casación el Tribunal Supremo de Justicia lo examinará.

En el caso agrario, el exfuncionario del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), cuando sea magistrado en el Tribunal Agroambiental, se reencontrará con sus firmas en las resoluciones administrativas, en los informes legales y técnicos cuestionados por su ilegalidad. En las demandas de procesos contenciosos y de nulidades de títulos agrarios ellos tendrán que sortear salidas a sus actos administrativos en cuestión. Se recusarán por Ley. Pero ante decenas de procesos que vinculen con sus actos tendrán que tolerarse y ponerse de acuerdo entre magistrados para el silencio.

El postulante Juanito Tapia está habilitado al Agroambiental. Él es exjefe de gabinete del Ministerio de Tierras, exdirector nacional de INRA, aún ejerce casi por diez años de letrado en el Agroambiental. De él cuál será su papel ante sus actos en las cuales participó, ¿optará por obrar con justicia ante ilegalidades de posesión de propiedades agrarias, sobre todo, con las superiores a cinco mil hectáreas limitadas por la Constitución?

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Los exmagistrados del Agroambiental que postulan al Tribunal Constitucional. En algún momento se reencontrarán con sus firmas en sentencias agroambientales y con sus actos administrativos del INRA que por lo general son objetos de amparos primero en salas constitucionales y puestos en revisión en las salas del Tribunal Constitucional.

El problema no será transformar a la Justicia, tampoco para transparentar su institucionalidad. Quizá más bien, se preocupen si sus firmas y si sus actos del pasado, de ellos y de sus colegas, fueron en su debido procedimiento legal. Entonces, siempre será charlable, estarán para mantener el orden. En el fondo se preocuparán por silenciar, en dejar en archivo y en olvido a sus obrados puestos en tela de juicio. En fin, mi opinión tendenciosa es también la de muchos ciudadanos: tienen pésimas esperanzas en la anhelada transformación de la Justicia.

Con los “sesudos” exadministradores o exfuncionarios carentes de haber sido servidores éticos sin haber investigado ni denunciado irregularidades es poco esperar de ellos. Un requisito ponderable debió haber sido ser protagonista de investigación y denuncia con resultados ante hechos de corrupción. Ser verbos por justicia. Pero, la actual Elección es solo una vitrina para consolidar y ampliar oportunidades a un segmento de exfuncionarios.