El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, envió una nota al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que se pronuncie sobre la sesión de la Asamblea Legislativa del jueves, en la cual se sancionó un paquete de normas, entre ellas la ley contra la autoprórroga del mandato judicial.

En la nota, Choquehuanca pide al TCP un “pronunciamiento constitucional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos legislativos, para que se imprima la gestión que corresponda o, en su defecto, disponga que se devuelvan esas comunicaciones para reencauzar el procedimiento legislativo que corresponda”, se lee en parte de la carta.

La sesión del jueves fue convocada por instrucción del titular de la Cámara de Senadores y presidente interino de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Andrónico Rodríguez (MAS-evista), quien ocupa el cargo debido a que el vicepresidente Choquehuanca reemplaza a Luis Arce, de viaje en Rusia.

En la sesión, el pleno de la Asamblea, además de sancionar la ley antiprórroga, aprobó la norma que autoriza un crédito por $us 176 millones, un Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto y una resolución para continuar con la preselección de candidatos judiciales.

La carta enviada por Choquehuanca está fechada el 7 de junio y remitida al presidente del TCP, Paul Franco. En esta, se observa también, desde el punto de vista legal, la aprobación de la resolución para continuar con la preselección de candidatos, ya que una decisión constitucional dio curso a la retoma de este proceso que había sido anulado por un fallo en primera instancia, refleja ABI.

“La declaratoria de inconstitucionalidad estableció ya obligaciones directas y positivas, exigibles para el legislador, quien debe abstenerse de generar dispositivos normativos sobrevinientes contrarios al referido razonamiento constitucional que ya tiene la calidad de cosa juzgada constitucional”, se lee en la nota, refleja ABI.

Antes de la sesión, el TCP admitió un recurso de nulidad a la convocatoria a sesión de Asamblea Legislativa interpuesto por el diputado arcista Juan José Jáuregui, y ordenó remitir los antecedentes del caso.

El organismo ordenó la “suspensión de la competencia del presidente de la Cámara de Senadores, desde el momento de la notificación con el presente auto constitucional, con relación a cualquier actuación -de la naturaleza que sea- emergente de la convocatoria objeto de este recurso, debiendo tener presente que será nulo de pleno derecho todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad por parte de la autoridad recurrida”.

El viernes, Rodríguez dijo que el jueves por la mañana se le remitió un cedulón para notificarle de la decisión del TCP; sin embargo, no lo recibió porque este estaba remitido al presidente del Senado y él, en ese momento, era presidente de la Asamblea Legislativa.

Al respecto, ABI indica que el artículo 147 del Código Procesal Constitucional establece que, desde el momento de la notificación con el Recurso Directo de Nulidad “quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida con relación al caso concreto” y “será nula de pleno derecho toda disposición que se dicte con posterioridad”.

El viceministro de Gestión y Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, informó que se envío la nota al TCP para cumplir la normativa.

“Conscientes de que hay que seguir la normativa legal del país, lo que hemos hecho es enviar al Tribunal Constitucional (una nota) para que nos diga si valió o no la notificación (sobre la suspensión de la sesión) o si fue legal o no”, explicó, refleja ABI.

La sesión del jueves se realizó pese a la oposición de los legisladores arcistas, que no asistieron, y a una serie de dificultades, desde un imprevisto aviso de fumigación en el hemiciclo y otros ambientes de Diputados, hasta cortes de energía eléctrica en el lugar del encuentro.