El presidente en ejercicio, David Choquehuanca, envió un memorial al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en que solicita un pronunciamiento que “permita tener certeza jurídica” sobre la validez de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del jueves, cuando se aprobó la Ley 075 que cesa a los magistrados.

“Agradeceré al Tribunal Constitucional Plurinacional, en ejercicio de las atribuciones constitucionales que le asiste, emita un pronunciamiento jurisdiccional que permita tener certeza jurídica sobre la validez de esos actos legislativos realizados para que se imprima la gestión que corresponde o, en su defecto, disponga se devuelvan esas comunicaciones para reencausar el procedimiento legislativo que corresponda o, en su defecto, disponga se devuelvan esas comunicaciones para reencausar el procedimiento legislativo que corresponda (…)”, dice parte del párrafo final de la nota, fechada el viernes 7 de junio, en la que Choquehuanca hace ese pedido al presidente del TCP, Paul Enrique Franco.

CORREO DEL SUR supo que el memorial aún no fue de conocimiento de los magistrados; empero, anoche quedaba abierta la posibilidad de que sí hubiera llegado a Presidencia.

Por otro lado, fuentes judiciales de este periódico revelaron que el TCP podría emitir en las próximas horas una sentencia sobre el Recurso Directo de Nulidad (RDN) planteado por el diputado ‘arcista’ del MAS Juan José Jáuregui, quien argumenta que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, al convocar a dicha sesión, usurpó funciones.

De esa manera, se anticiparían al plazo de diez días que tiene el presidente Luis Arce para promulgar la ley antiprórroga.

De todos modos el TCP, desde el momento en que admitió ese recurso, suspendió la competencia de Rodríguez para cualquier convocatoria.

POLÉMICA SESIÓN

La sesión del jueves fue convocada por Rodríguez aprovechando el viaje de Arce a Rusia y la asunción a la primera magistratura del vicepresidente y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca.

Rodríguez siguió adelante con la sesión, apoyado por las bancadas opositoras de CC y Creemos, además del ala ‘evista’ del MAS. Argumentó que la notificación del TCP sobre el RDN de Jáuregui había sido dirigida al “Presidente del Senado”, pese a que él no fungía como tal, al haber asumido en lugar de Choquehuanca; recordó que, siguiendo la línea sucesoria, a él, en la Cámara Alta, lo reemplazó Daly Santa María (CC). Además, no fue notificado personalmente, sino mediante cédula.

Para evitar que consumaran la sanción de leyes, hubo cortes de luz, anuncios de fumigación y cierre de puertas.

Tras la sesión, el ‘arcismo’ anticipó que Arce no promulgaría la ley antiprórroga.

Senador Andrónico Rodríguez desafía a que lo detengan

Andrónico Rodríguez, titular del Senado, defendió el viernes la sesión de la Asamblea Legislativa que él mismo convocó un día antes para aprobar la ley antiprórroga de magistrados, un crédito internacional y un decreto de amnistía e indulto.

Afirmó que no se trató de un “golpe de Estado”, como lo afirman los ‘arcistas’, sino de un “golpe a los que no trabajan”. De esa manera, argumentó que su intención era reactivar el trabajo legislativo, paralizado debido a una crisis institucional.

“La sesión de ayer (por el jueves) es un golpe a los que no trabajan, es un golpe a aquellos que no quieren sesionar, es un golpe para aquellos que no quieren trabajar en la Asamblea”, aseguró. La mayoría del bloque ‘arcista’ del MAS no estuvo presente en esa sesión. Sus legisladores denunciaron que Rodríguez estaba cometiendo un delito al desoír la resolución del TCP que suspendió su competencia para convocar a la Asamblea. Además, advirtieron con procesarlo penalmente, pero el Senador respondió que no teme a las acciones legales.

“Por trabajar, por resolver conflictos, la crisis institucional y la crisis económica, quieren demandarnos, pues bienvenido sea el proceso penal. Quieren encarcelarnos, pues venga”, desafió Rodríguez.

Según él, sus actos en la convocatoria a la séptima sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa se enmarcaron en los reglamentos y en la Constitución Política del Estado.

‘Evistas’ advierten con protestas

El Pacto de Unidad ‘evista’ lanzó el viernes una advertencia al presidente Luis Arce en sentido de que, si no promulga la ley antiprórroga, “nos vamos a ver en las calles”.

Exigieron al primer mandatario que promulgue la ley que cesa en sus funciones a los magistrados prorrogados, en los 10 días de plazo que estipula la Constitución. “Señor presidente, le decimos que el día de ayer (jueves) se ha aprobado este proyecto de ley. Tiene 10 días para promulgar, de acuerdo al mandato constitucional. Y si no quiere promulgar, nos vamos a ver en las calles, porque nosotros queremos el cambio de administración de justicia en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia”, advirtió el dirigente Ramiro Cucho, en una conferencia de prensa conjunta con el expresidente Evo Morales.

El proyecto de Ley 075 fue aprobado el jueves en la misma sesión en la que también se dio luz verde a un crédito de 176 millones de dólares para un proyecto carretero, además de un decreto de amnistía e indulto para privados de libertad.

El ala ‘arcista’ asegura que la sesión fue ilegal y que, por lo tanto, las decisiones adoptadas no son válidas, considerando que el TCP ordenó suspender la competencia de Andrónico Rodríguez para dicha convocatoria.

El titular del Senado informó que ya se ha derivado al Órgano Ejecutivo las leyes aprobadas en la Asamblea para su respectiva promulgación.

¿El TCP podría acelerar la sentencia sobre recurso de diputado Jáuregui?

La “Ley para Restablecer la Plena Vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado”, aprobada en la sesión legislativa del jueves, no tiene validez porque las competencias del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quedaron en suspenso con la admisión de un Recurso Directo de Nulidad (RDN) en el TCP, según magistrados consultados por CORREO DEL SUR que prefirieron mantenerse en el anonimato.

Coincidieron en que todos los actos de Rodríguez posteriores a la notificación con el RDN quedaron nulos y sugirieron a las cabezas de las instituciones del Órgano Judicial y del TCP emitir un pronunciamiento en ese sentido.

Además, hicieron notar el criterio de que la Declaración constitucional de prórroga de los magistrados (049/2023) es vinculante y de cumplimiento obligatorio y la Asamblea Legislativa, al tomar la determinación de cesarlos del cargo, está contraviniendo la determinación de un órgano del Estado.

“Lo que hicieron es un ‘golpe a la institucionalidad del Órgano Judicial y del Constitucional’”, dijo una de las fuentes de este diario, que además complementó: “La ALP no podía cesar a los magistrados por encima de una Declaración constitucional que ya estableció la inconstitucionalidad de los mencionados proyectos de ley (073 y 075) que establecían cesaciones y la suspensión de plazos procesales. Es un nefasto precedente”.

Si el TCP declara fundado el RDN del diputado Juan José Jáuregui, Rodríguez podría ser remitido al Ministerio Público por usurpación de funciones que no le competen e incluso la Procuraduría, como representante del Estado, puede activar procesos en su contra por desacato, incumplimiento de deberes y otros, advirtieron además.

FALLO POR EL RDN

Fuentes judiciales revelaron que el TCP podría emitir una ‘resolución motivada’ en las próximas horas haciendo una fundamentación de las irregularidades que habría cometido el Presidente del Senado al convocar e instalar la polémica sesión.

El plazo para la resolución del RDN es de 45 días a partir de la admisión de dicho recurso, pero el presidente en ejercicio, David Choquehuanca, solicitó al TCP dar “certeza jurídica” sobre la validez de los actos legislativos del jueves y, según las fuentes de este diario, la sentencia podría salir en las próximas horas.

El Presidente del Estado tiene un plazo de diez días para promulgar la ley aprobada en la sesión legislativa del jueves, pero el fallo del TCP podría salir antes de ese plazo. Y, como previsiblemente declararía la nulidad de los actos del titular del Senado, el primer mandatario no tendría que promulgar la mencionada ley.

TSJ: “La ALP no tiene atribuciones para cesar a los magistrados” 

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, afirmó el viernes que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tiene atribuciones para cesar a los magistrados, cuya continuidad se fundamenta en la interpretación de la Constitución Política del Estado realizada por el TCP en la Declaración Constitucional 049/2023 de ampliación de mandato. Recordó que esta interpretación es de carácter obligatorio y vinculante.

“El Legislativo no tiene atribuciones para dejar cesantes los cargos de magistrados. La interpretación de la Constitución le corresponde al TCP”, declaró Jaimes a CORREO DEL SUR desde la ciudad de Oruro.

El Presidente del TSJ, como máxima autoridad del Órgano Judicial, explicó que la continuidad de los magistrados en sus funciones está respaldada por el artículo 15 de la Ley 254 (Código Procesal Constitucional), que establece que las sentencias, declaraciones y autos del TCP son de cumplimiento obligatorio, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante.

Consultado sobre si la interpretación constitucional que avala la continuidad de los magistrados prevalece sobre la decisión que tomó el jueves la Asamblea Legislativa, Jaimes respondió: “Jurídicamente sí, aunque políticamente quieran hacer ver lo contrario”.

Posición de abogados de Chuquisaca

El Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (Icach) observa que los magistrados perdieron credibilidad y el Legislativo sesionó el jueves presionado por el estancamiento de las elecciones judiciales y por darle una alternativa de viabilidad.

El presidente del Icach, Juan Pablo Cervantes, dijo que los magistrados “perdieron la credibilidad” de la población y que con la pugna política “estamos entrando en una escalada que no llega a solucionar el problema de fondo”.

“Hemos dejado de creer en ellos; si se da el cese, nos vamos a quedar sin altas autoridades y me imagino que la idea y la presión viene de los parlamentarios para intentar ‘destrabar’ el proceso de preselección de postulantes a magistrados”, manifestó.

En cuanto a la cuestión de fondo, lamentó que las instituciones que deberían administrar justicia, dar lineamientos de seguridad jurídica, no lo estén haciendo y, al contrario, originen cada vez más desconfianza e incertidumbre, refiriéndose al Legislativo y al Judicial.

Pedido de expresidente a la Asamblea

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé pidió este sábado al Gobierno sumarse al “consenso alcanzado” el jueves en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, con ello, dar curso a una reforma estructural del sistema judicial.

“Pido al Pdte. Arce y al VP Choquehuanca se sumen al consenso alcanzado por los 2/3 de la Asamblea Legislativa para: acordar el inicio de una reforma estructural del sistema judicial y adoptar medidas y políticas en materia económica, salud y educación (sic)”, demandó el exjefe de Estado en un mensaje en su cuenta de la red social X.

“Es una oportunidad para salvar las crisis y corresponder al pueblo con madurez y responsabilidad democrática”, agregó.

CARTA

Este sábado, el director de Asuntos Legales del Senado, Israel Quino, compartió en redes sociales una carta dirigida al presidente Luis Arce. Allí, se hace conocer las normas sancionadas el jueves, en la sesión de la ALP presidida por Andrónico Rodríguez. “Adjunto a la presente, me permito remitir para fines constitucionales, cuatro ejemplares de la ley sancionada por la Asamblea Legislativa. Ley para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado”, señala una de las cartas, firmada por Rodríguez y que tiene el sello de recibido en fecha 6 de junio.

¿QUÉ DICE LA LEY

Artículo 15°.- (Carácter obligatorio, vinculante y valor jurisprudencial de las sentencias)

Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional Plurinacional son de cumplimiento obligatorio para las partes intervinientes en un proceso constitucional; excepto las dictadas en las acciones de inconstitucionalidad y recurso contra tributos que tienen efecto general.

Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares.

SOBRE EL TEMA

• El asesor de la Cámara de Senadores, Javier Farfán, informó que el viernes intentaron entregar las cuatro resoluciones en oficinas de la Vicepresidencia, pero la documentación no fue admitida por Ventanilla única.

• El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, advirtió: “Con toda seguridad en estos días va a haber acciones jurídicas para restablecer el orden y la democracia. No hay perdón contra estos golpistas que usurparon funciones”.

• La Procuraduría del Estado denunció que ‘evistas’ y la oposición incurrieron en desacato al no obedecer la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional y anunció acciones contra parlamentarios.

• El diputado ‘arcista’ Juan José Jáuregui admitió que su bloque es una minoría en el Legislativo y que se constituyó una mayoría formada por evistas, mesistas (CC) y camachistas (Creemos).

• El diputado Zacarías Laura (MAS-La Paz) aseguró que el presidente Luis Arce no promulgará ninguno  de los proyectos de ley sancionados en la sesión que convocó y presidió Andrónico Rodríguez.