El escándalo está sobre la mesa. En menos de 24 horas, Andrónico Rodríguez se volvió el blanco de los “arcistas”, el “evismo” y la oposición en el Legislativo se dieron la mano, le mostraron la puerta de salida a los magistrados que estuvieron prorrogados desde el 1 de enero de 2024 y unieron sus voces al grito de “ganó la democracia”. 

Desde el 1 de enero de 2024, las 26 altas autoridades del Órgano Judicial comenzaron a transitar por el polémico camino de la prórroga. Cumplieron sus funciones el 31 de diciembre de 2023 y, pese a ello, continuaron en sus cargos, escenario que se prolongó por seis meses y ocho días. 

En el medio del semestre, los debates acalorados, las divisiones más marcadas en el Movimiento Al Socialismo (MAS) al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), la escalada de acciones constitucionales y el desboque de la crisis política en Bolivia.

El escándalo, sin dudas, está sobre la mesa. El nuevo capítulo, el que resultó de la “jugada” hecha por el titular del Senado en calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea, Andrónico Rodríguez, parece ser el más fuerte.

Es que la caldeada sesión “a oscuras” del jueves, caracterizada por cortes de luz, fumigaciones y cierre momentáneo del hemiciclo parlamentario, no solo dio curso a un paquete de leyes producto del apretón de manos entre el “radicalismo” azul y la oposición, sino que planteó el desafío de Andrónico de cara al Gobierno. 

Ahora las cartas están reveladas. Así lo entienden desde el “arcismo”. El diputado Juan José Jáuregui anticipó que presentarán una denuncia contra Rodríguez por presunta desobediencia judicial y usurpación de funciones. Si hasta hace poco asumían que el titular del Senado actuaba bajo el cobijo de Evo Morales, ahora lo confirman.

También el propio Andrónico comprende que el movimiento de las fichas esclareció el tablero. El jueves, poco después de liderar la sesión en la Asamblea, apareció en conferencia de prensa, arropado por legisladores del bando “evista”, para referir que el panorama está claro. “Ahora, ¿quiénes son los que están en contubernio con los autoprorrogados? Está clara la figura”.

Aquí, una mirada hacia atrás, en una suerte de repaso por los seis meses de conflicto, desde la prórroga de los magistrados hasta la fecha.

DECISIÓN DE PRÓRROGA

En diciembre de 2023, mismo mes en que fenecían las funciones de los magistrados, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) resolvió que se mantuvieran en sus cargos hasta que los nuevos sean elegidos en las Judiciales.

Esto fue centro de debate en una consulta de constitucionalidad remitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el proyecto normativo en torno a la preselección de candidatos que tuvo el visto bueno de la Cámara Alta.

EL RECHAZO

La reacción a la prórroga fue inmediata. Asambleístas del masismo, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos cuestionaron la determinación y acordaron viabilizar un proyecto de ley para dar continuidad al proceso de preselección de los candidatos para las Judiciales. 

También el vicepresidente David Choquehuanca convocó a los jefes de las bancadas para analizar el escenario. Entonces, Guillermo Seoane, de CC, informó sobre el “acuerdo” alrededor de la idea de un posible juicio de responsabilidades.  

El 1 de febrero, varios parlamentarios decidieron no acatar el fallo del TCP. Denunciaron “atropello” al Órgano Judicial.  José Luis Porcel, también de CC, identificó, según La Patria, al Gobierno como responsable del fallo. 

RENUNCIAS POR PRESIÓN

Debido a la presión por alargar sus funciones, los magistrados fueron apartándose de sus puestos. El 2 de enero, el primero en hacerlo fue el magistrado por Santa Cruz Carlos Calderón, del Tribunal Constitucional.

Ocho días después fue el turno del magistrado por Cochabamba Esteban Miranda, del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). El 16 de enero Ángela Sánchez y Elva Terceros, del Tribunal Agroambiental, tomaron la decisión de alejarse.

El 5 de febrero se fue Omar Michel, del Consejo de la Magistratura. Esas cinco renuncias se dieron en 35 días.

PRECANDIDATOS A JUDICIALES

El 20 de febrero comenzó la preselección de los candidatos al Órgano Judicial, al calor de la prórroga. Los senadores Miguel Rejas y Roberto Padilla, titulares de las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, de modo respectivo, lideraron el proceso. La fecha tope para la recepción era el 10 de marzo.

ORDEN DE “SUSPENSIÓN”

En abril, la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz instruyó pausar la preselección de los más de 400 postulantes. Esto, a consecuencia de un amparo presentado por Margarita Medrano en contra de ambas comisiones. Acusó que fue inhabilitada pese a reunir los requisitos para apuntar al Consejo de la Magistratura. 

El diputado “arcista” Juan José Jáuregui aclaró que el recurso no paralizaba el proceso, sino que significaba una “suspensión temporal”.

Distinto fue el discurso desde el Senado, pues el director de Asuntos Jurídicos Legales, Israel Quino, sí habló de una paralización producto de “amparos inconstitucionales”.

Hasta entonces, las comisiones habían recibido ya, según Quino, notificaciones de cinco amparos.

A fines de abril, la Sala Constitucional de Pando ordenó realizar un nuevo proceso de preselección, tras una acción popular por presunta “discriminación”.

CULPAS

Andrónico deslizó culpas contra el Gobierno. “Hemos hecho los máximos esfuerzos para que se lleven (adelante) las Elecciones Judiciales, pero hay otros parlamentarios y otros órganos, como el Ejecutivo y por supuesto el Órgano Judicial, que han hecho esfuerzos para que no se lleven (a cabo). Eso es muy evidente”, dijo.

Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, responsabilizó a los presidentes de las comisiones. “Son los grandes responsables de la lentitud, de los problemas y la falta de transparencia y claridad de ese proceso”, dijo, citado por La Razón.

LUZ VERDE Y BRONCAS

A fines de mayo, el TCP revocó el fallo de Pando y ordenó reanudar el proceso. Lima expresó que “ya no hay pretextos” y conminó a las comisiones a trabajar. 

Hasta la fecha, todo sigue en la nebulosa. Las diferencias en la ALP se acentuaron y no hay acuerdos. Todo terminó de enredarse este mes, luego de que el “evismo” y el “arcismo” cruzaran responsabilidades. 

Con el viaje de Luis Arce a Rusia, David Choquehuanca pasó a la Presidencia en ejercicio, y Andrónico tomó el mando en la ALP. Fue el jueves cuando, en una sesión dura, por dos tercios, la oposición y el “radicalismo” azul lograron aprobar un paquete de normas, entre ellas, el cese de los prorrogados. Todo derivó en el fuego contra fuego. 

El “arcismo” acusa “golpe” por parte de Andrónico, y este último, avisado de un posible proceso por desobediencia judicial y usurpación de funciones, reta al oficialismo a demandarlo. “No hay ningún miedo”, dijo.

TSJ RESTA ATRIBUCIONES A LA ALP

El TSJ le quitó crédito a la decisión de la ALP de cesar a los prorrogados. “El Legislativo no tiene atribuciones para dejar cesantes los cargos de magistrados. La interpretación de la Constitución le corresponde al TCP”, expresó el presidente del TSJ, Marco Ernesto Jaimes, a Correo del Sur.

En el medio, surgió una denuncia del “arcismo” por la aparición de un audio que apuntaría a supuestos “negociados” por parte del “evista” Miguel Rejas. 

¿QUÉ HARÁ ARCE?

De aquí en más resta saber qué acción podrá tomar el presidente Arce. Los “radicales” le dieron 10 días (desde la notificación de lo sucedido el jueves) para promulgar la ley que pone fin a la prórroga. De lo contrario, pretenden salir a las calles. 

Por lo pronto, el asesor de la Cámara de Senadores, Javier Farfán, acusó que trataron de entregar las resoluciones de las normativas aprobadas en la Vicepresidencia, pero que no fueron atendidos.

Y Andrónico puso la pelota en la cancha de Arce. “Veremos, en su momento, las consecuencias, la acción o la inacción respecto a estos puntos tan importantes que aprobamos”.