De acuerdo al procedimiento legislativo y el panorama jurídico, la continuidad de los magistrados autoprorrogados en el Órgano Judicial queda en manos del “arcismo”, debido a que sólo se vislumbran dos caminos para el Gobierno, respecto de la Ley 075 que fue aprobada ayer por la Asamblea convocada por el presidente del Senado Andrónico Rodríguez, y que determina el fin del mandato de las altas autoridades del Órgano Judicial.

El analista político, Iván Rada, manifestó que “más allá de esta pugna que le hace daño a la institucionalidad democrática, se han aprobado leyes que ahora pasan al Ejecutivo, y es el presidente quien tiene la atribución de promulgar u observar estas leyes en el plazo de diez días. En caso de observar o rechazar las leyes, bajo el argumento de que la sesión fue nula, se volverá a un escenario de empantanamiento y una nueva batalla entre los dos bandos masistas con David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez como protagonistas principales en un show mediático muy bien montado para mostrar a la población que sólo existen dos fuerzas políticas en Bolivia, los arcistas y los evistas”, sostuvo.

Vías para el “arcismo”

Rechazar las dos leyes, un decreto presidencial y la resolución para la continuidad del proceso para las Elecciones Judiciales, aprobadas ayer en la Asamblea Legislativa, con el argumento de que fueron asumidas en una sesión convocada de forma ilegal por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, es la postura oficial asumida por parlamentarios del Movimiento al Socialismo (MAS) que defiende al Gobierno de Luis Arce.

Además, el jefe de bancada “arcista”, Jerjes Mercado, advirtió que se iniciarían procesos penales y constitucionales contra los legisladores que participaron de dicha sesión. Lo confirmó así el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui, quien antes de la sesión de ayer, se favoreció con un fallo constitucional, que ordenaba la suspensión de la sesión legislativa.

La segunda vía jurídica que el “arcismo” podría tomar, aunque la menos probable, es que el presidente Arce admita, considere, pero finalmente rechace el contenido de la Ley 075, que establece el fin del mandato de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, quienes se autoprorrogaron por medio de la Sentencia Constitucional 049/2023.

La norma establece que Arce tiene 10 días para esa consideración, luego, la norma observada debe ser regresada a manos del vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, para que, a su vez, este la ponga nuevamente a consideración ante el pleno y, de ratificarse su aprobación, el vicepresidente se verá obligado a promulgarla. Este proceso tiene un plazo de 30 días.

Pero ambas salidas pueden ser demoradas más aún, si se toman en cuenta los procesos anunciados por los “arcistas”, quienes, como la diputada Deysi Quispe, afirmaron que todo lo realizado ayer en la sesión es un “golpe a la Asamblea”. Por su lado, su colega Jauregui recordó que Rodríguez fue notificado con una resolución constitucional, que le impedía instalar dicha sesión, pese a que la notificación se la hizo cuando ya el pleno se había instalado. No obstante, el “arcista” considera que se podría procesar a Rodríguez por desobediencia a resoluciones constitucionales.

"Batalla jurídica"

Para el analista político cruceño, Paul Antonio Coca, se ha iniciado una batalla jurídica. Primero, consideró que Arce no promulgará dichas leyes y que la polémica pasará nuevamente a manos de Choquehuanca, quien recibirá ataques de la oposición y de los legisladores del MAS afines a Evo Morales. Considera que este escenario pondrá a prueba la unidad que tiene con Luis Arce. “Los magistrados del TCP harán todo lo posible para que no se promulguen estas leyes, por otra parte, ayer, la Procuraduría ya ha advertido con iniciar acciones legales contra todos los que han participado en la sesión, especialmente contra Andrónico Rodríguez, estos son los frentes jurídicos que se abren, sin embargo, quien tiene la ventaja jurídica, por supuesto, es el Órgano Ejecutivo a la cabeza del presidente Arce, porque la justicia está de su lado”, afirmó Coca.  Asimismo, considera que ayer se vio que Arce ha perdido la mayoría del Legislativo, ante la alianza del ala “evista” y opositores de Creemos y Comunidad Ciudadana, pese a sus diferencias ideológicas. Es más, la ventaja jurídica del Ejecutivo podría perderse si la pugna legal se traslada a las calles, confirmando esa unión y el rechazo hacia los autoprorrogados y la demora en las Elecciones Judiciales.

Para el diputado Jauregui, ayer, en la sesión convocada por Rodríguez, “se consumó lo denunciado hace un tiempo, la construcción de un bloque de oposición al interior de la Asamblea Legislativa. La pasada gestión iniciamos con la aprobación de un documento para viabilizar la presidencia de Andrónico Rodríguez, el día de ayer, lo que se ha hecho es proyectar este acuerdo a la Cámara de Diputados y en consecuencia han logrado una mayoría, pero lamentablemente para ellos, los actos desarrollados son nulos (…) todo lo obrado, pasa a ser sólo una anécdota”, calificó el legislador “arcista”.