En Bolivia la agenda democrática tiene un calendario, tareas concretas y actores que deben hacerla realidad. Ser demócrata, aportar al proceso democrático implica involucrarse en esta agenda, que hoy en día, enfrenta varios factores que pretenden incumplirla.

Como muchas cosas en la vida, el hecho de que algunas personas no conozcan la agenda democrática no la inviabiliza ni le quita la importancia que tiene.

Después de la grave crisis democrática del año 2019, cuando el proceso electoral del 20 de octubre fue interrumpido por un fraude descarado, suspendida la elección y abierto un proceso constitucional transitorio, la Asamblea Legislativa encabezada por Eva Copa y Sergio Choque del MAS, aprobaban la Ley Nº 1266, (“De régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales”); la Nº 1269, (“Para la convocatoria y la realización de elecciones subnacionales”); la Nº 1270 (“De prórroga del mandato constitucional de autoridades electas”).

Todas estas normas fueron aprobadas con el apoyo de más de 2/3 de los diputados y senadores, normas promulgadas por el ejecutivo y que señalaban la agenda democrática con procesos electorales para los año 2020 y 2021.

La Constitución Política del Estado y las necesidades democráticas han creado una ruta crítica, que tiene los siguientes hitos: elecciones judiciales, elecciones primarias, elecciones generales y elecciones subnacionales. Con los datos del Censo de Población y Vivienda 2024 y la Ley Nº 1492, el Tribunal Supremo Electoral tiene que proponer al Parlamento la nueva distribución de escaños parlamentarios correspondientes a los nueve departamentos, mediante un Anteproyecto de Ley; sin embargo, esta agenda de reforma de la representación política, debe incorporar, al mismo tiempo, la definición de las nuevas circunscripciones especiales indígenas y la definición de los límites de las circunscripciones uninominales rurales y urbanas en base a la realidad demográfica del país.

En términos de calendario, la agenda democrática abarca los años 2024, 2025 y 2026, con cuatro procesos electorales, regulados previamente: elecciones judiciales (artículos constitucionales 182, 188, 194, 198), elecciones primarias (artículo 29 Ley Nº 1096), generales (artículo 166 CPE) y subnacionales (artículo 285 CPE).

En términos de actores de la agenda democrática, en primer lugar, la Asamblea Legislativa debe dar cumplimiento al artículo 158 de la CPE que le faculta realizar la preselección de postulantes para los cargos de magistrados del. Luego, el Tribunal Supremo Electoral debe convocar a elecciones.

El INE debe entregar los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 al TSE antes de la finalización de la gestión 2024 y de esa manera implementar lo dispuesto por el artículo constitucional 146.

Los sujetos institucionales están atravesando una profunda crisis, todos en general. En algunos casos se requiere una colaboración o complementación interinstitucional, en otros, como el TSE, debe asumir medidas complementarias, como sanear el padrón electoral y garantizar el funcionamiento del TREP.

De parte de la sociedad civil, nos corresponde empujar esta agenda democrática, acompañarla y ser partícipes de la misma, no sólo en los momentos del voto, sino en los procesos mismos mediante los mecanismos que nos franquea la Constitución y las leyes como –por ejemplo– el control social.

Dada la crisis económica e institucional que vive el país, que nace del modelo económico vigente durante 18 años y las acciones autoritarias generadas por el gobierno de Luis Arce, un adelanto de elecciones generales podría alterar significativamente esta agenda democrática, suprimiendo muchos de sus componentes.

Ello podría generar una gran convulsión política y la convocatoria a elecciones sin los cambios necesarios en la asignación de diputados. Además, se sumaría seguramente un “pacto político” para habilitar a los partidos con todos sus candidatos (incluyendo Evo Morales). Tampoco se realizarían las elecciones judiciales, dejando en sus cargos a los magistrados golpistas autoprorrogados.  Finalmente se dejaría intacto el padrón electoral de 2020 con nuevos inscritos adicionales, sin cruzar esta información con los datos censales y verificar si los asientos electorales responden a la realidad.

Soy un convencido de que la agenda democrática es la prioridad y que se deben generar las acciones necesarias, desde la sociedad civil organizada (CONADE) y las organizaciones políticas para hacerla realidad.