La Procuraduría General del Estado acusó este jueves al senador Andrónico Rodríguez y a “sus cómplices” de perpetraron un “golpe a la democracia” por impulsar una “reunión ilegal” en la Asamblea Legislativa, por lo que anticipó que asumirá todas las acciones que la Constitución y la ley le otorgan.

“La Procuraduría General del Estado denuncia que hoy jueves 6 de junio de 2024, el Senador Andrónico Rodríguez y sus cómplices, usurparon las funciones del Presidente Nato de la Asamblea Legislativa, Jilata David Choquehuanca y perpetraron un golpe a la democracia, al Estado de Derecho y al orden constitucional (sic)”, refiere un comunicado.

Definió la sesión que impulsó Rodríguez como “una reunión inconstitucional e ilegal” porque los legisladores que responden a Evo Morales, Carlos Mesa y Fernando Camacho “incurrieron en desobediencia a resoluciones constitucionales”.

Como respaldo, recordó que, con el Auto Constitucional 0254/2024-CA del 6 de junio de 2024 el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el recurso de nulidad presentado por el presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, y ordenó la suspensión de la “forzada sesión” convocada por Rodríguez.

El artículo 147 del Código Procesal Constitucional establece que, desde el momento de la notificación con el Recurso Directo de Nulidad “quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida con relación al caso concreto” y “será nula de pleno derecho toda disposición que se dicte con posterioridad”.

Rodríguez, alegando que Choquehuanca ejerce como presidente del Estado, se declaró como presidente nato en funciones de la Asamblea e instaló la sesión, y con apoyo de los legisladores “evistas” y opositores dio curso a la aprobación del proyecto de ley 075 antiprórroga, un crédito por $us 176 millones, el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto y una resolución para continuar con la preselección de candidatos judiciales.

En criterio de la Procuraduría, “el senador Rodríguez y sus aliados políticos incurrieron en desacato flagrante a esa decisión, vulneraron el artículo 203 de la Constitución y violentaron la estabilidad constitucional del país”.

Para la Procuraduría, ninguna ley o declaración aprobada podría ser considerada o promulgada por el presidente Luis Arce, a su retorno de su viaje de Rusia, “ni mucho menos publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia”.

Es más, anticipó que “asumirá todas las acciones que la Constitución y la ley le otorgan para preservar el Estado de Derecho ante las amenazas y acciones de hecho que atentan contra la democracia”.