La organización Libres en Movimiento y un grupo de diputados del Congreso español presentó esta semana un proyecto de ley en el que se denuncia la persecución política a opositores, la afectación de las libertades y el retroceso de la democracia en Bolivia.

Demandan al Gobierno español que gestione antes las instancias diplomáticas que correspondan a su par de Bolivia para que éste “adopte medidas para garantizar la defensa de los derechos humanos y el restablecimiento de los contrapesos institucionales en el país, hoy inexistentes”, aseguran la organización.

“Esta medida supone un antecedente para el impulso de iniciativas para condenar el abuso de poder del MAS y procurar acciones para la defensa de la libertad en Bolivia”, señalaron desde la organización.

El documento lleva las firmas de los diputados Belén Hoyo Juliá, Esteban González Pons y Carlos Javier Floriano Corrales y del Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado Filgueira.

El proyecto de ley insta al Gobierno socialista de Pedro Sánchez que adopte las siguientes medidas frente a la situación ocurrida en Bolivia:

1. Reiterar el compromiso de España con la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos de las personas que sufren persecución política.

2. Pronunciarse públicamente sobre los más de 250 presos políticos en Bolivia, la mayoría de ellos como consecuencia de los hechos ocurridos entre 2019 y 2021, tras la renuncia del expresidente Evo Morales.

3. Defender la libertad de prensa y de expresión en Bolivia, vulnerada sistemáticamente por los diferentes gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.

4. Instar al Gobierno boliviano a respetar y cumplir el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido ni preso, así como el artículo 11, que invoca el principio de presunción de inocencia y el derecho al debido proceso con todas las garantías necesarias.
5. Condenar la detención violenta y arbitraria de la expresidenta Jeanine Áñez, del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y del líder indígena, Maro Antonio Pumari, así como los padecimientos que sufren en su detención.

6. Solicitar a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el seguimiento de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y exigir una revisión de las causas que se han impulsado en su contra, para observar que se haya cumplido con todas las garantías constitucionales en sus respectivos procesos judiciales.

7.        Iniciar los contactos diplomáticos correspondientes para apelar, ante las autoridades judiciales competentes, la excarcelación del líder opositor, Luis Fernando Camacho, ante las escasas garantías judiciales que han precedido su arresto preventivo, así como proveer al gobernador de la adecuada asistencia médica y legal.»