El Tribunal Constitucional Plurinacional ya expresó su criterio prohibiendo expresamente la elección de subgobernadores en Tarija al no estar contemplada esa figura en la Constitución. El Órgano Electoral Plurinacional ha venido a ratificar lo ya dispuesto por el TCP: que la elección de los subgobernadores no tiene encaje legal y que tratar de hacerlo podría entrar en materia penal como materia de prevaricación. El argumento de la sentencia del TCP debería ser suficiente para los asambleístas y subgobernadores, al menos los masistas, pues no se puede decidir que directrices sí se aplican y cuales no.

La política coyuntural impide tal vez a sus actores reflexionar en el mediano plazo para legislar pensando en el bien común y mayor. El referéndum de la Autonomía ha cumplido 10 años recientemente, el Estatuto en vigor apenas tres años. Ni se ha desarrollado lo que se debería ni a nadie le ha parecido demasiado importante esto. El Estatuto durmió durante ocho meses en 2014, último año en la gestión legislativa, para que no hubiera ningún margen de posibilidad de que los subgobernadores no fueran electos en la convocatoria.

En estos diez años, coincidentes con la mejor época de ingresos del departamento por los precios internacionales del petróleo, lo que sí ha pasado es que la estructura de la Gobernación ha crecido exponencialmente, pero su presencia en el territorio se ha visto boicoteada por las estructuras paralelas de las subgobernaciones, en muchas ocasiones en batalla con las alcaldías por los mismos proyectos. El problema de las duplicidades no es la política, sino lo que afectan al desarrollo con visión departamental, de conjunto y solidario.

La autonomía es la mejor forma de gestión que se haya probado, pues nadie conoce mejor las necesidades de su hogar que el que la habita. Para ello existe la autonomía municipal con amplias competencias que seguramente deben ser reforzadas y con mayores recursos. La Autonomía Departamental sigue la misma lógica, pero es un piso intermedio entre el municipio y el Estado que, en tiempos de la comunicación digital y permanente, no necesita once representantes con once gabinetes con choferes, teléfonos corporativos, dietas, etc. Lo que necesita es visión de conjunto y ejecución eficiente.

El Estatuto no se escribió en piedra, como tampoco las Constituciones se escriben en piedra. Los años de gestión interina sin Estatuto vigente han servido para poner a prueba un modelo que solo ha servido para multiplicar el dispendio y no resolver los problemas centrales del departamento. La autonomía de hoy, gracias a las generosas transferencias y los displicentes compromisos adquiridos durante la gestión de Lino Condori con los subgobernadores está más intervenida que nunca. No se puede inscribir ni un solo proyecto desde hace tres años porque “La Paz” no lo quiere. ¿Qué autonomía es esa? Sin gestión económica no hay autonomía posible, pero sin responsabilidad tampoco hay gestión económica posible.