De la crisis al caos

Dibujo Libre

Estamos al medio de una severa crisis política que amenaza la gobernabilidad del país y que reúne una multiplicidad de factores, principalmente políticos y sociales. Para empezar, la crisis interna del MAS y la fragmentación de la oposición, la inmediata parálisis política de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el inaudito retraso de las elecciones judiciales, las enormes dificultades provocadas por falta de dólares y su correlato en los precios de productos que dependen de la importación como medicinas, insumos productivos, repuestos de automotores y que están llegando a la canasta familiar, etc. Y, como si lo anterior no fuera suficiente, están previstos bloqueos de carreteras por parte de gremialistas, transporte pesado y hasta por vecinos a raíz de caminos locales o el costo de los pasajes urbanos, con lo que se termina de exacerbar la difícil situación.

Este coctel de conflictos multiplica las expectativas especulativas, dependiendo del peso específico del actor o sector y del costo de oportunidad. Las principales expectativas son las políticas, alentadas por el foco mediático, un calendario electoral adelantado y una generalizada mediocridad; las del dólar paralelo en las calles pendiente de las malas noticias; las del contrabando de combustible camino a las fronteras junto a los inducidos correteos a los surtidores o las del narcotráfico violento en alza en varios lugares, en una combinación que nos lleva al riesgo de pasar de la crisis al caos. Analizar esta confluencia de factores que amenaza la gobernabilidad a menos de año y medio de las elecciones generales, es fundamental porque el principal supuesto de la democracia es que las diferencias políticas se resuelven en las urnas y que el país no gana con un desbarajuste mayor; todos, como conjunto, perdemos. Analicemos lo político y lo social como elementos centrales de esta coyuntura crítica y reflexionemos sobre lo que a cada uno le toca hacer para impedir mayores perjuicios al país.

El principal factor de la crisis es político y con unos sujetos a los que en democracia se entrega la responsabilidad de enfrentar los problemas y asumir los desafíos comunes pero que, lamentablemente, a falta de ideas y planteamientos solo encuentran sentido en el enfrentamiento, los insultos y las tergiversaciones. La crisis está latente, aunque, por el momento, a cargo de alfiles de tercer nivel en el lado evista, porque el clima se aflojó dado el rechazo y modificación de Evo Morales de las principales decisiones de su último ampliado partidario: Una, la de no aprobar en el Legislativo los créditos de financiamiento externo dirigidos a importantes obras de infraestructura y que, al mismo tiempo, son flujos de divisas y oportunidades de generación de empleo. Dos, el rechazo a la expulsión partidaria de los primeros mandatarios para no cerrar la puerta a algún acuerdo, aunque sea al pie del estribo. Y tres, como corolario de la mano extendida, la renacida convicción de Morales de la necesidad de un Congreso partidario de unidad que resuelva la crisis partidaria. Enorme acierto de Evo, en temas que no son de coyuntura y menos partidarios como los créditos que tienen dimensión estatal. Ningún país del mundo se desarrolla sin créditos y menos sin los de origen multilateral o, más aún, nadie puede pretender gobernar luego de que el año anterior les echaste la puerta en la cara. Obviamente, Evo, fiel a su estilo, casi de inmediato y a pesar del acierto de sus decisiones partidarias, publicitó la demanda al Tribunal Supremo Electoral por una indemnización de casi 2 millones, cuando sabemos que en el sector público no hay doble sueldo.

A este mejor clima, al medio de una vertiginosa serie de acontecimientos y malos presagios, surgió, cómo buena noticia, el rechazo del Tribunal Constitucional Plurinacional de la tutela otorgada por una sala constitucional de Pando y que paralizó por más de mes y medio las elecciones judiciales. Por supuesto, ninguna oposición y ni el mismo gobierno reconocen que esta actuación jurisdiccional es el sentido institucional y legal de la auto prórroga de las autoridades judiciales, porque resolvieron el impasse al estar vigentes. Sin autoprórroga, la tutela otorgada en Cobija habría permanecido hasta el año 2027 y nos echaba al caos porque habríamos tenido que esperar el nuevo periodo constitucional para aprobar otra ley de convocatoria y recién elegir nuevas autoridades. Felizmente, no llegamos a ese extremo que con tanta dedicación busca la articulación opositora, porque nos introduce al desbarajuste de un tribunal departamental que sentencia sin que haya tribunal superior que confirme o corrija, quedando la decisión en la incertidumbre por más de dos años y con unos plazos procesales suspendidos de facto. ¿Este era el plan? Si, para el evismo, el descabezamiento judicial implica que no haya tribunal que resuelva judicialmente la cuestión de la sigla y la candidatura y, para el resto de la oposición, el potencial caos institucional podría permitirles abonar su consigna del modelo agotado y, por defecto, sostener que les toca probar suerte.

En la vereda social y ciudadana de las expectativas especulativas están las de muchos sectores que, con legítima razón o preocupación y en otros aprovechando la debilidad gubernamental, se movilizan para defenderse de medidas gubernamentales o las crecientes dificultades de acceso a los dólares que necesitan en sus actividades cotidianas y que es una preocupación generalizada que se comparte. Empecemos por las preocupaciones y movilizaciones inducidas y claramente especulativas; un ejemplo: El decreto supremo que reglamentó -como corresponde al Órgano Ejecutivo- la Ley de derechos reales y que perseguía modernizar un conjunto descoordinado de cuando menos 30 sistemas informáticos y que funcionan, precisamente, como resquicios para la corrupción en el crítico sistema de registro de la propiedad privada, especialmente inmobiliaria. Toda la oposición se convirtió en adalid de la propiedad privada y se dispuso a movilizar el país ante esa amenaza a la sacrosanta propiedad privada, base de la civilización. Sin duda, para la campaña en contra ayudó el recuerdo de la ilegal intervención de la AGETIC como terminal informática en las elecciones generales del 2019. Si, evidentemente, pero al final perdimos todos porque esa modernización es impostergable y la interoperabilidad de las plataformas informáticas públicas transparentan al estado y mejora la confianza ciudadana en las instituciones públicas, base imprescindible de una mejor salud democrática.

En cuanto a las razonables y legítimas expectativas respecto del precio del dólar o la enorme susceptibilidad por la falta de combustible, hay que reconocerlas reales y que nuestra insuficiente industrialización y falta de apoyo al sector productivo privado -aclarando, por ejemplo, que la economía campesina es de este sector- nos tiene presos de una economía crecientemente importadora y por lo tanto dependiente de la disponibilidad de los dólares. Pasa lo mismo con el combustible, que empezando de la gasolina se ha convertido en una permanente alerta citadina que vía whatsap logra que los propietarios de vehículos corran desesperados a los surtidores y hagan larguísimas colas que acaban sin otra cosa peor que haber perdido el tiempo. Acá llama la atención la limitada sino deficiente capacidad de intervención de la ANH que tiene el carguío informatizado -uno entra al surtidor e inmediatamente validan nombre y placa- y sin embargo regularmente informa de acopios enormes e ilegales con el uso del mismo vehículo. Otra cosa es la falta de diésel para el sector productivo sea del transporte internacional o las faenas productivas, sobre todo agropecuarias. Esto si es delicado y ahí el gobierno y YPFB debiesen dedicar el mayor de los esfuerzos porque estas actividades son parte central de la economía del país.

Con este repaso debemos preocuparnos todos, gran parte de la crisis se monta sobre la base de expectativas y enfrentamiento políticopartidarios y tienen un efecto negativo en contra de la certidumbre y la tranquilidad ciudadana, con daño enorme sobre la estabilidad del país y la democracia. Vivimos tiempos convulsos a escala planetaria -este año casi la mitad del planeta tiene elecciones generales-, guerras en varios frentes y otras varias en ciernes que tienen en jaque las economías de todos los países, pero debemos guardar la serenidad y cada actor público y social debe asumir su cuota parte de responsabilidad ante las difíciles situaciones que estamos viviendo. Lo otro es apostar por el caos y el desastre, donde algunos podrán ganar monedas, pero el país pierde una fortuna.

 (*)José de la Fuente Jería es abogado