El sistema político se rige por un modelo masculinizado en el ejercicio del poder; de esta forma, la política se sustenta en valores, normas escritas y no escritas, símbolos, representaciones y prácticas que reproducen una distribución desigual del poder que tiene como base el Patriarcado.

La subordinación de las mujeres a las organizaciones sociales y a las organizaciones políticas, las cuales se encuentran lideradas y bajo el monopolio del poder masculino, limitan el desempeño autónomo de las mujeres.

Esta situación fue revertida mediante una lucha constante y fuerte de las propias mujeres y gracias a eso ahora se encuentran como representantes en el poder público. Estos cambios políticos han modificado las relaciones entre el Estado y la sociedad, fomentando la politización de las mujeres; y la posibilidad de participar en los espacios de decisión. 

Las mujeres luchamos porque en el país se establezca la democracia paritaria que es un concepto que reconoce que la democracia solo puede ser auténtica cuando incluye a los seres humanos tal como son, mujeres y hombres, y no como alguna forma de personas abstractas y neutrales.

La Democracia Paritaria es la forma de organización social y política en la que existe igualdad de número y derechos de los distintos colectivos que componen la sociedad y que deben formar parte de los órganos decisorios y de gobierno.

Para ello se tomó como base el mandato de la Constitución que incluye como valores la armonía, el equilibrio, la igualdad de oportunidades y la equidad social y de género en la participación. En el artículo 11, inc I dice: “La República de  Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa y comunitaria con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”.

De la Constitución y en base  a la presión ejercida por las mujeres se han incluido los valores de paridad y alternancia en varias leyes, en la Ley Electoral N°018, en la Ley O26 del Régimen Electoral y para evitar el acoso y la violencia política contra las mujeres se ha aprobado la Ley 243. Por último, se aprobó  la LEY DE ORGANIZACIONES POLÍTICAS que entre sus principios incluye la Democracia paritaria, en la conformación de estructuras orgánicas, dirigencias y definición de candidaturas; y el ejercicio de las relaciones de complementariedad entre mujeres y hombres en las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas.

Las mujeres hemos logrado conquistar, en términos formales, la paridad y alternancia como parte de los derechos políticos, llegando al 53 % de la representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional (2014), con similar tendencia en los órganos legislativos subnacionales, lo que permitió dar un giro a la composición de la representación tradicional y predominantemente masculina. Sin embargo, aún ahora hay brechas entre la ley y la realidad, la paridad se aplica en el espacio legislativo, pero no en los Órganos Ejecutivo y Judicial. En el Órgano Ejecutivo se encuentra virtualmente ausente, especialmente en los máximos niveles como la Presidencia, gobernaciones, alcaldías, y en las autoridades de mayor jerarquía de las Autonomías Indígena Originaria Campesinas (AIOC) y de pueblos afrodescendientes. Esta participación desigual señala que el sistema político aún se estructura y funciona bajo un sistema patriarcal, colonial y capitalista que organiza, sostiene y reproduce la lógica androcéntrica. Es de esperar que poco a poco vayamos superando ese sistema patriarcal y colonial.