Veinticuatro personas, entre miembros del Tribunal Internacional de Defensa de los Derechos de la Naturaleza, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y periodistas de algunos medios de comunicación, a bordo de cinco vehículos, fueron impedidas de ingresar al sector del Polígono 7 (Isinuta y Nueva Aroma) para recorrerlo y escuchar a sus habitantes. Incluso les amenazaron con un látigo. Uno de los integrantes de la comisión, el ecuatoriano Alberto Acosta, que fue ministro de la gestión de Rafael Correa en ese país, y que hoy es miembro del Tribunal Internacional, estaba molesto a las 13:00. “Nos dijeron que, si veníamos, no solo iban a darnos las garantías, sino que iban a facilitar la visita. Lamentablemente, no hemos podido entrar y ahora no nos dejan retirarnos. Hemos buscado el diálogo de la manera más fraterna, más pacífica posible, tratando de establecer los canales para recoger la información, pero no nos permiten. Queremos irnos de Isinuta y no nos dejan. Ningún argumento que yo conozca es válido cuando alguien quiere retirarse. Dicen que están esperando que lleguen sus autoridades, desde las 10:00. No queremos forzar nada, ni generar ninguna situación desagradable para el Estado boliviano, pero, no nos dejan irnos”, denunció a los periodistas.

El cacique mayor Gumercindo Pradel, colonos y transportistas, fueron quienes impidieron el paso del Tribunal. Tampoco les permitían la toma de fotografías ni usar sus teléfonos celulares.

La presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en Bolivia, Amparo Carvajal, denunció a las 14:15 que estaban “prácticamente secuestrados”. “¿Qué otro nombre se le puede dar? Este señor del Conisur Gumercindo Pradel y otros se han reído de mí y de la comisión preguntándonos qué hacíamos por acá. Esta Bolivia maravillosa, tiene palacios y teleféricos, pero acá, a 38 grados de temperatura, no podemos almorzar ni ir al baño siquiera. Es una verguenza. Es un secuestro”, dijo.

El comandante del Trópico, coronel Boris Bellido, envió un grupo de policías desde Eterazama, a 15 kilómetros de Isinuta, que llegó justo cuando ocho corregidores de la zona se reunían con los miembros del Tribunal para hablar de los términos de su salida del lugar. No se conversó sobre el motivo de la visita, la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. A las 15:30, la camioneta que transportaba a los miembros del Tribunal salió de Isinuta con escolta policial hasta Villa Tunari. según el justificativo ofrecido en la reunión, los motivos de la visita no eran del conocimiento del grupo de Pradel. Los que enviaron la nota de respuesta al Tribunal fueron dirigentes de Trinidadcito y de Santísima Trinidad, a los que ellos no reconocen como “legítimos”. El dirigente de los colonos, Jacinto Noza, justificó la decisión de retenerlos porque no coordinaron con los "verdaderos dirigentes".

La comisión que debía abordar un vuelo anoche Cochabamba-La Paz. Anunció que hoy dará una conferencia de prensa en la sede de Gobierno.

Los miembros del Tribunal (Alberto Acosta, Enrique Viale y Shannon Biggs) visitan Bolivia para indagar si la construcción de una carretera, en medio del Tipnis, atenta contra los derechos de la naturaleza, consignados en la Declaración de Cochabamba de 2010.