Según el organismo electoral, el costo de organizar unas primarias es de 29 millones de bolivianos. El costo de hacer unas encuestas está al alcance de los precandidatos que se acojan a un procedimiento que las aplique para determinar el ganador de unos debates.

De esta manera, todos los precandidatos pueden presentar y defender sus propuestas. Los votantes de la oposición evaluarán cuál puede derrotar al populismo en las urnas. Este procedimiento se presenta con mayor detalle en “El abrumador silencio de los precandidatos opositores” (Visión360, 28 de mayo).

Este procedimiento no evita que el gobierno de Arce, al igual que el de Maduro en Venezuela, manipule la elección para anular una candidatura con opción de triunfo, o que vuelva a hacer fraude para evitar que un opositor gane en primera o segunda vuelta.

Tampoco es una alternativa válida para los que prefieren que el populismo toque fondo con un mal gobierno a que un opositor reciba un país quebrado, con el MAS armando una guerra civil para tumbarlo.

Un candidato furiosamente anti-masista perdería el voto del centro. Una figura moderada sería capaz de captar el voto de la clase media emergente hastiada con el MAS. Bajo este procedimiento, los anti-masistas rábidos deberían transar por un candidato de perfil popular.

La tarea de cualquier opositor que tome en serio el desafío electoral consiste en superar tres obstáculos:

Conquistar el voto decisivo de la clase media emergente que ya no quiere ser como Evo, evitando despreciarla con aires de superioridad social o étnica.

Documentar, delatar y anular el próximo fraude electoral sin el cual ningún candidato del régimen puede ganar las elecciones presidenciales de 2025.

Evitar la división del voto opositor con una figura de peso electoral comprobado, dejando que los aspirantes de menor peso se limiten a exhibir su vanidad.

Los que aceptan este panorama realista se dan cuenta de que es urgente debatir sobre cada uno de estos tres obstáculos por separado, así como sobre su efecto conjunto. Algunos precandidatos ya se han abierto a discutir cómo se puede evitar la división del voto opositor.

Tres fuerzas aceptaron la invitación de una ONG basada en Estados Unidos. Ronald MacLean filtró la noticia. Denunció esa reunión como un intento velado de realizar un pacto secreto. Los portavoces del populismo se abalanzaron para decir que era un trato cocinado en la Casa Blanca para dar órdenes de marcha a los lacayos del imperialismo.

Enrique Urquidi,  Jefe de Bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados, develó que en la cita participaron Carlos Alarcón en representación del líder de CC Carlos Mesa; Samuel Doria Medina de Unidad Nacional (UN); y Zvonko Matkovic como delegado de Luis Fernando Camacho, Gobernador de Santa Cruz y líder de Creemos.

Urquidi fue claro: “Estamos en democracia y en democracia, el diálogo y este tipo de acercamientos son importantes y fundamentales para generar lo que la ciudadanía está pidiendo, una alternativa seria y responsable que termine con el régimen masista en el 2025.”

Los aludidos desmintieron haber asistido a esa reunión para lograr acuerdos electorales. Tal vez estimaron que la acusación de MacLean podría costarles votos.

También es probable que el inmediato repudio de Manfred Reyes Villa a los pretendidos acuerdos responda a una lectura del sentimiento de muchos votantes. Una mayoría de la gente rechaza a los políticos de todos los colores y olores. Percibe sus acuerdos como trampas que esconden pillerías.

Manfred declaró que es el momento de hacer gestión y no de entrar en campaña. Lanzó su campaña negando estar haciendo campaña. Aprovechó el momento para echar leña a los precandidatos con los que compite.

Es un precandidato que domina los trucos de la política local. Además, tiene una comprobada capacidad de gestión, con la cual está captando el voto de los barrios populares. Por temor a estas cualidades, el MAS lo tiene bajo amenaza de cárcel, alegando delitos inventados. Basta la firma de un fiscal o un juez obediente al gobierno para que lo metan adentro.

No sorprende que sus rivales lo ataquen. Apuntan a captar a los votantes de la elite que están decepcionados con su intento de evitar la cárcel mediante un presunto arreglo con el gobierno. Sienten que es un traidor a su clase. No se dan cuenta de que la primera condición de la política es sobrevivir. La segunda es salir de tu propia burbuja.

Una cosa es debatir en serio las ventajas y desventajas de un proyecto que trata de evitar la división del voto opositor. Otra cosa es dividir ese voto pretendiendo unificarlo, oponiéndose a cualquier intento de unirlo. Cada vez más votantes se dan cuenta de estas jugarretas.

Las contorsiones de los precandidatos afean la democracia, pero no la matan. Lo que la puede matar es la continuidad del populismo que ganó elecciones sin fraude el 2005, el 2009 y el 2020, y que se impuso con una variedad de trampas el 2014, el 2016 y el 2019.

Lo más destacable de este descolorido panorama electoral es que cuatro precandidatos opositores tuvieron el valor de anunciar públicamente en La Paz y Santa Cruz que están en una campaña abierta para evitar la división del voto opositor.

Amparo Ballivián, Vicente Cuéllar, Carlos Boehrt y Agustín Zambrana suscribieron un acta comprometiéndose a apoyar a quién se imponga en unas primarias bien organizadas, en unas encuestas confiables o en cualquier otro método que permita determinar cuál pretendiente tiene las mejores opciones de derrotar al populismo.

Estos cuatro precandidatos han mostrado que se puede hacer una campaña limpia en un país donde lo que se conoce mejor y se admira más son los golpes bajos. Reprochar su iniciativa es ensuciar la olla común.

Los demás pretendientes están invitados a firmar esta feliz iniciativa. Solamente la firmarán los que entienden que es preferible ganarle al populismo el 2025 a dividir el voto opositor por un acto de figuración personal.