El proceso de las elecciones judiciales continúa estancado y sin norte en la Asamblea Legislativa. Termina mayo y también una semana sin acuerdos para continuar la tarea de preselección de postulantes. Lo que sí queda es un ultimátum al vicepresidente David Choquehuanca y la negativa de éste para convocar a sesión del Legislativo.

Mientras, solo quedan tres meses antes de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), lance la convocatoria para las elecciones primarias que se deben desarrollar este año, y con la misma, un colapso electoral inminente.

Expertos ven que este panorama pone en gran riesgo las bases de la democracia en Bolivia y libera una cadena de hechos que hacen inciertas hasta las elecciones generales de 2025.

Posturas encontradas

Después de una semana de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha dado luz verde para que la Asamblea Legislativa continúe con el proceso de preselección de postulantes para las elecciones judiciales, Choquehuanca que también es presidente de la Asamblea Legislativa, descartó convocar a ninguna sesión, deslindó responsabilidades y dijo que ahora es tarea de las comisiones mixtas.

“La responsabilidad de reanudar y continuar el proceso de preselección de candidatos a altas autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional corresponde a la comisión mixta de Constitución y a la comisión de Justicia Plural. No es necesario convocar a sesión de asamblea para tratar este tema”, afirmó Choquehuanca.

En tanto, tres flancos políticos del Legislativo: evistas con Andrónico Rodríguez, Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, conminaron a la autoridad con un plazo de 72 horas que termina este viernes 31 de mayo, para que convoque a sesión de ambas cámaras para aprobar una ley corta que amplíe las atribuciones de las comisiones en el proceso de la preselección.

Y son los propios parlamentarios renovadores del MAS que contradicen al “Vice”, puesto que admiten la necesidad de que la Asamblea Legislativa debe, mediante una ley, ampliar las atribuciones para continuar y concluir la preselección de postulantes. Pero al mismo tiempo plantean que las comisiones mixtas de Constitución y Justicia Plural, sin demora, retomen la fase 10 de evaluación de méritos de los aspirantes habilitados.

El diputado Gustavo Vega de bloque arcista del MAS y que es parte de la Comisión Mixta de Constitución dijo que la Ley 1549 de convocatoria a elecciones judiciales está vigente y lo único que se debe ajustar son los plazos mediante una ley corta.

“Para eso se tiene que aprobar una ley corta que puede hacerlo la Vicepresidencia o las comisiones con sus técnicos y plantear a la plenaria de la Asamblea, mientras tanto, nosotros podemos seguir con la preselección de candidatos y no perder más el tiempo”, dijo Vega a EL DEBER Radio.

El presidente de la Comisión de Constitución, Miguel Rejas, recordó que ya terminó el plazo de 80 días para el proceso de preselección, establecidos en la Ley 1549, por lo que las comisiones mixtas del Legislativo, “ya han perdido las atribuciones” para continuar esta tarea.

“Teníamos hasta el 6 de mayo para entregar los informes finales a la Asamblea”, dijo Rejas y adelantó que en la próxima reunión de su comisión también se conminará a Choquehuanca de que convoque a sesión para aprobar una ley corta que amplíe los plazos. “No entiendo por qué tanto miedo, ¿cuál es el miedo a la Asamblea para no convocar? Hay otros proyectos que también han fenecido sus plazos en Diputados y Senadores”.

¿Evitar las judiciales?

El diputado Enrique Urquidi, jefe de bancada de CC,señaló que la situación de incertidumbre que existe en el Legislativo es porque Choquehuanca “ha decidido renunciar a su ejercicio como presidente nato de la Asamblea Legislativa”, al no cumplir su obligación de convocar a sesión. Recordó que quienes toman la decisión sobre la aprobación de leyes son los asambleístas - senadores y diputados en sesión - Choquehuanca sólo convoca.

“El plazo ya está corriendo, tiene 72 horas para convocar, al no hacerlo está claro que Choquehuanca se ha convertido en parte del problema, y lo único que está haciendo es apostar a que no tengamos elecciones judiciales y apostar, así como lo está haciendo Luis Arce, a que los magistrados prorrogados continúen usurpando funciones”, dijo Urquidi a EL DEBER.

Para el senador Hilarión Mamani del bloque evista del MAS, la postura de Choquehuanca refleja la intención del Órgano Ejecutivo de impedir, bajo cualquier mecanismo ,que se realicen las elecciones judiciales.

“La figura es clara: el Órgano Ejecutivo no quiere elecciones judiciales. Cómo el señor Vicepresidente va a decir semejante barbaridad: ‘que definan las dos comisiones’. Los plazos ya se han vencido. Es una decisión política, y conmino a que en un plazo de 72 horas convoque a las Asamblea Legislativa, si verdaderamente quiere elecciones judiciales”, dijo Mamani.

Para los tres bloques políticos contrarios al oficialismo, la única manera de proseguir con la tarea de preselección es aprobando una ley corta. “Es obligación y deber constitucional del Presidente nato de la Asamblea Legislativa, convocar al pleno para tratar, aprobar y sancionar una ley corta que permita la continuidad de la preselección apara las elecciones judiciales”, decía Andrónico Rodríguez.

Con todo, si hasta el viernes 31 de mayo, Choquehuanca no convoca a sesión de ambas cámaras, los representantes del Senado y Diputados – excepto el bloque renovador – anunciaron que tomarán otras acciones de hecho a partir del lunes 3 de junio.

Ven riesgos para la democracia

El panorama incierto en la Asamblea Legislativa levanta las alarmas de expertos en política que identifican al menos tres graves consecuencias para el sistema democrático para el país: Se pone en riesgo la democracia, se pierde la legitimidad de las instituciones y actores elegidos por voto popular porque no hay elecciones, y se pone en duda las próximas elecciones generales de 2025.

Para el analista Carlos Cordero, el escenario trabado del Legislativo, ocasiona que “el funcionamiento del sistema democrático se ponga en riesgo porque la democracia se renueva y se legitima a través de elecciones”, porque sin elecciones no hay democracia.

“Hay intereses políticos que están poniendo en riesgo el buen funcionamiento de la democracia. Hay quienes quieren mantener a los actuales magistrados. También se evidencia que los partidos con representación parlamentaria no dialogan y si no hay acuerdos políticos va a llegar un momento en que hasta puede haber un riesgo en que no haya elecciones nacionales”, afirmó Cordero a EL DEBER.

El analista político argumenta que son imprescindibles los acuerdos políticos desde ahora y el cumplimiento de plazos procesales para que el Órgano Electoral cumpla su tarea. “Las elecciones judiciales y las primarias son los procesos electorales que preparan el camino para la gran elección general de 2025, y si no hay acuerdos ahora lo que se prevé es que la propia democracia se debilite”.

El abogado constitucionalista, Carlos Goitia, afirmó que el escenario político en la Asamblea Legislativa es resultado del sistema que impuso Evo Morales cuando estaba en el poder y dominaba este órgano, sistema que ahora se cae como una “casa de naipes”, porque el MAS con el presidente Arce ya no tiene mayoría ni capacidad de consenso y lo único que puede hacer es “congelar” al Legislativo y por consiguiente, el proceso de preselección.

“Bolivia está cayéndose a pedazos porque el diseño institucional creado y desarrollado por Evo Morales para mantenerse en el poder de forma indefinida se está cayendo y nos está aplastando a los bolivianos. Se está destruyendo la institucionalidad porque tenemos un Órgano Judicial prorrogado y sin miras de un proceso de elección popular. Esa crisis está casada con la crisis del Órgano Ejecutivo comprometiendo las elecciones de 2025 porque el MAS está empleando este problema para solucionar sus disputas internas”, dijo Goitia a EL DEBER.